De mafias, legalidad y pirámides

Por Juan Antonio Ruiz Romero, noviembre 19 de 2008

Apoyados en los conceptos del investigador Luis Jorge Garay y del ensayista Bernardo Pérez Salazar, el jueves 18 de octubre de 2007, publicamos en esta misma columna, un texto titulado: “Nuestra cultura mafiosa”.

En esa ocasión, retomamos la explicación de Pérez sobre muchos de los comportamientos sociales que marcan las relaciones en Colombia: “Dos nuevos mandamientos de convivencia entre nosotros, que evocan la facilidad de cosechar el fruto ajeno: el ‘décimoprimero’ – no dar ‘papaya’ –, y el ‘décimosegundo’ – no dejar pasar la ‘papaya’.

En esos postulados, algunos juiciosos analistas han centrado su diagnóstico sobre la vida, pasión y muerte de “las pirámides” de captación masiva de dinero. En un excelente texto denominado “Claves para armar la pirámide nacional”, el profesor universitario de la UTP, Carlos Alfonso Victoria, esboza razones como el derrumbe ético, la cultura del “vivo al baile y el muerto al hoyo”; a los años del engaño que “se remontan a la misma invasión española, cuando los ibéricos tramaban a los aborígenes con espejitos"; a las promesas incumplidas de políticos, especuladores y gobiernos; a un pueblo ingenuo y supersticioso; a la ausencia de un estado regulador del mercado financiero y a que “la narcocultura ha potenciado el poder real del dinero como factor de distinción, supremacía, y jerarquía en todos los ámbitos de la vida”.

Incluso, el presidente Uribe, en una de sus interminables alocuciones de esta semana, expresó el propósito del gobierno y de las medidas de Emergencia Social: "Queremos erradicar esa permisividad con la cultura mafiosa, con la idea del dinero fácil".

En los últimos meses, se han desarrollado en Pereira varios talleres sobre la Cultura de la Legalidad, que buscan construir nuevos paradigmas de comportamiento social frente a las realidades cotidianas. Cumplir las normas de tránsito, no por el temor de la multa, sino porque pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Eso significa trascender aquel concepto de que “no hay guarda a la vista” o de que “el concejal amigo me ayuda a que me quiten el comparendo”.

La Cultura de la legalidad implica seguir los buenos ejemplos de líderes sociales, que tienen representatividad, dignidad y trayectoria pulcra. Y, a la vez, significa rechazar comportamientos impropios de quienes ostentan el poder y se aprovechan del mismo para beneficio particular. Buena parte del auge de “las pirámides” se dio porque desde senadores, funcionarios del gobierno nacional, la Policía, la Fiscalía, empleados de departamentos y municipios, empresarios, dirigentes deportivos y hasta equipos de fútbol, entregaron sus dineros a las firmas captadoras, confiados en los altos intereses ofrecidos.

Además, aunque el presidente Uribe asumiera con valor su responsabilidad por la posible omisión del gobierno en el crecimiento de las pirámides, la verdad es difícil explicarle al ciudadano que hasta la semana pasada DMG y D.R.F.E. eran legales, reconocidas y hasta contaran con vigilancia policial de sus oficinas y desde el domingo pasado, se convirtieran en objeto de intervención del estado colombiano.

Y como agravante, las medidas del gobierno, aunque sean bien intencionadas, llegaron tarde, ya que los nuevos delitos creados bajo la emergencia social no podrán aplicarse hacia atrás- de manera retroactiva como dicen los juristas- sino a partir del momento de expedición de los decretos, con fuerza de ley.

En este caso, como puntualiza Carlos Alfonso Victoria: “No podrán decir que gracias a la seguridad democrática se impidió la defraudación de más colombianos”.