Mirándonos en el espejo

Por Juan Antonio Ruiz Romero

Al asistir la semana pasada al Encuentro Internacional de Desarrollo Humano y Paz en Pereira, el sacerdote jesuita Mauricio Gaborit compartió su experiencia con jóvenes pandilleros de El Salvador. Y aunque allá se llaman “maras” y los integrantes se caracterizan por sus tatuajes en el cuerpo, existen muchas similitudes con el conflicto social y de subsistencia que se vive en las barriadas de los principales centros urbanos colombianos.

Decía el sacerdote que “en una encuesta efectuada entre los miembros de las maras acerca de su esperanza de vida, la respuesta unánime fue 24.” Pero no 24 años, ni siquiera 24 meses. La esperanza de vida de esos muchachos era 24 horas. O sea sobrevivir ese día. Por eso se entiende que, con una perspectiva de muerte tan inmediata, se asuman todos los riegos: actos delictivos, consumo de drogas, sexo sin protección. En concepto de ellos mismos: “No tienen nada que perder… sólo la vida”.

Sin duda ese razonamiento nos replantea muchos de los prejuicios que tenemos acerca de las personas que terminan involucradas en Colombia en actividades ilícitas, en pandillas, en “combos”, en “bandas criminales” como las bautizaron ahora y que se caracterizan, al igual que en El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Venezuela, Perú y Brasil, por participar en el negocio de la droga al menudeo, pequeñas extorsiones, cobro de peajes en los ingresos a los barrios y ajustes de cuentas.

Una reciente investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, publicada en el portal de semana.com concluyó que: “Hay una estrategia por parte de algunas bandas criminales, llamadas también paramilitares, para abrir un mercado interno de narcóticos”, asegura Ariel Ávila, investigador de esa ONG. A esa conclusión se llegó después de encontrar situaciones parecidas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Montería y parcialmente en Cúcuta. El negocio que se ha detectado consiste en lo que podría llamarse ‘narcomenudeo’, que es promover masivamente el consumo de cocaína, bazuco, heroína, marihuana y drogas sintéticas dentro del país.”

La gran conclusión de la investigación sobre violencia en las ciudades es que “la estructura social de Colombia es supremamente rígida y excluyente. A la gente le parece que es más difícil progresar por las vías legales”. “Todo eso plantea nuevas formas de combatir la delincuencia en las ciudades. La crítica que surge por parte de los expertos es que los métodos para afrontarla hoy día suenan precarios. Básicamente, se basan en incremento del pie de fuerza y en represión policial”, dice el informe.

Desde la academia y los medios de comunicación, se ha insistido a las autoridades regionales sobre la necesidad de adelantar políticas públicas trasversales, en seguridad y convivencia, que contemplen la intervención integral en sectores vulnerables. El problema es que, en la mayoría de ocasiones, se piensa que intervención social es repartir zapatillas, mercados, kits escolares, cortar de pelo y llevar una brigada de salud.

Para estos días se anuncia la entrada en operación del Centro de Planeación Estratégica para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana del departamento de Risaralda, que busca convertirse en una herramienta para conocer mejor la criminalidad y definir acciones de prevención del delito y de reacción frente al mismo.

Sin embargo, la pregunta es hasta qué punto seguiremos atacando las consecuencias de un problema que tiene raíces mucho más profundas, como nos lo muestran los casos de Centroamérica y de los principales centros urbanos del país.

De El Sacatín a Flamingo

Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 16 de septiembre/10

Pocas semanas después del devastador terremoto del 25 enero de 1999 en el Eje cafetero, una joven nacida en Armenia me confesó, con lágrimas en los ojos, que lo más grave no había sido la caída de unas casas o unos edificios, sino la pérdida de todos los referentes urbanos que habían marcado su vida.

-En treinta segundos, quedaron borradas para siempre gran parte de mi infancia y de mi juventud”- aseguraba. Y tenía razón. El teatro al cual asistía los sábados o domingos, al matinal infantil. La heladería en donde recibía la generosa retribución de sus padres por el buen rendimiento académico. El añoso y entrañable colegio por el cual desfilaron sus primeras amigas, las travesuras y reconvenciones de los maestros. La fuente de soda del primer encuentro con el novio adolescente. De todos esos recuerdos, sólo quedaban escombros apilados, a lado y lado de las vías.

Esta semana recordé dicho testimonio, cuando publicaron en La Tarde las fotos de lo que fuera El Sacatín, sede de la destilería que después originó la Industria Licorera de Caldas y el registro de la demolición de la fachada, que se levantó altiva y con su estilo republicano durante 84 años.

Hace un par de semanas, una resolución de la Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres del municipio de Pereira conceptuó “que la edificación estaba en ruina y en inminente riesgo”. De hecho, hace tres años, por el mismo estado de abandono, el inmueble fue excluido del inventario de bienes de interés patrimonial arquitectónico.

Lo más curioso es que dicho inmueble, que acaba de ser demolido por el estado lamentable en que se encontraba, estaba bajo el cuidado, manejo y responsabilidad directa del mismo municipio, que nunca tuvo interés ni destinó recursos para preservarlo, pero procedió con celeridad para excluirlo del patrimonio arquitectónico y recomendar su demolición.

Alguien decía que los pereiranos somos tan pragmáticos que adoptamos como propio aquel refrán de que “para atrás ni para tomar impulso”. El problema es que ni nos duele ni nos interesa ni nos preocupa acabar con esos referentes urbanos que marcaron momentos de la historia de la ciudad.

Hace algunos meses, en una reunión con el equipo de gobierno municipal, el ex alcalde Gustavo Orozco Restrepo, coordinador del proyecto aniversario de Pereira 150 años, se sorprendió cuando uno de los funcionarios del gabinete le dijo que querían vincularse a las actividades del Bicentenario de la ciudad. Cuándo Orozco, con su tradicional tacto le dijo que era “el sesquicentenario”, el testarudo personaje le pidió que no se preocupara que “al fin y al cabo, bicentenario o sesquicentenario eso es lo mismo”.

Y la realidad es que, para algunos funcionarios, las edificaciones y los ladrillos son lo mismo. No importan las historias, la memoria, las huellas que tengan impresas.

Por eso, tumbamos, por acción o por omisión, edificaciones que formaron parte de nuestro crecimiento como ciudad. Y, lo peor, autorizamos la construcción de cajones de concreto, monstruosas paredes -sin siquiera ventanas- y carentes de diseño, como la sede de Almacenes Flamingo y de un casino, al frente de la alcaldía municipal.

Estamos tan embriagados de progreso que, aunque caminemos para adelante, todavía no sabemos para donde vamos.