Mirándonos en el espejo

Por Juan Antonio Ruiz Romero

Al asistir la semana pasada al Encuentro Internacional de Desarrollo Humano y Paz en Pereira, el sacerdote jesuita Mauricio Gaborit compartió su experiencia con jóvenes pandilleros de El Salvador. Y aunque allá se llaman “maras” y los integrantes se caracterizan por sus tatuajes en el cuerpo, existen muchas similitudes con el conflicto social y de subsistencia que se vive en las barriadas de los principales centros urbanos colombianos.

Decía el sacerdote que “en una encuesta efectuada entre los miembros de las maras acerca de su esperanza de vida, la respuesta unánime fue 24.” Pero no 24 años, ni siquiera 24 meses. La esperanza de vida de esos muchachos era 24 horas. O sea sobrevivir ese día. Por eso se entiende que, con una perspectiva de muerte tan inmediata, se asuman todos los riegos: actos delictivos, consumo de drogas, sexo sin protección. En concepto de ellos mismos: “No tienen nada que perder… sólo la vida”.

Sin duda ese razonamiento nos replantea muchos de los prejuicios que tenemos acerca de las personas que terminan involucradas en Colombia en actividades ilícitas, en pandillas, en “combos”, en “bandas criminales” como las bautizaron ahora y que se caracterizan, al igual que en El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Venezuela, Perú y Brasil, por participar en el negocio de la droga al menudeo, pequeñas extorsiones, cobro de peajes en los ingresos a los barrios y ajustes de cuentas.

Una reciente investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, publicada en el portal de semana.com concluyó que: “Hay una estrategia por parte de algunas bandas criminales, llamadas también paramilitares, para abrir un mercado interno de narcóticos”, asegura Ariel Ávila, investigador de esa ONG. A esa conclusión se llegó después de encontrar situaciones parecidas en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia, Montería y parcialmente en Cúcuta. El negocio que se ha detectado consiste en lo que podría llamarse ‘narcomenudeo’, que es promover masivamente el consumo de cocaína, bazuco, heroína, marihuana y drogas sintéticas dentro del país.”

La gran conclusión de la investigación sobre violencia en las ciudades es que “la estructura social de Colombia es supremamente rígida y excluyente. A la gente le parece que es más difícil progresar por las vías legales”. “Todo eso plantea nuevas formas de combatir la delincuencia en las ciudades. La crítica que surge por parte de los expertos es que los métodos para afrontarla hoy día suenan precarios. Básicamente, se basan en incremento del pie de fuerza y en represión policial”, dice el informe.

Desde la academia y los medios de comunicación, se ha insistido a las autoridades regionales sobre la necesidad de adelantar políticas públicas trasversales, en seguridad y convivencia, que contemplen la intervención integral en sectores vulnerables. El problema es que, en la mayoría de ocasiones, se piensa que intervención social es repartir zapatillas, mercados, kits escolares, cortar de pelo y llevar una brigada de salud.

Para estos días se anuncia la entrada en operación del Centro de Planeación Estratégica para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana del departamento de Risaralda, que busca convertirse en una herramienta para conocer mejor la criminalidad y definir acciones de prevención del delito y de reacción frente al mismo.

Sin embargo, la pregunta es hasta qué punto seguiremos atacando las consecuencias de un problema que tiene raíces mucho más profundas, como nos lo muestran los casos de Centroamérica y de los principales centros urbanos del país.