Por Juan Antonio Ruiz Romero
Durante más de 200 años, Estados Unidos y Francia han sido modelo y referencia obligada para muchos países del mundo, en lo que respecta a sus conceptos filosóficos sobre democracia y libertades humanas.
En el preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, suscrita en Filadelfia, el 4 de julio de 1776, se establece el marco de los derechos fundamentales: “Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.
A pesar de su espíritu libertario, las contradicciones han acompañado esos principios fundacionales de la democracia norteamericana. Ese mismo país que declaró “que todos los hombres son creados iguales” se demoró un siglo para abolir la esclavitud y prácticamente exterminó a las comunidades indígenas autóctonas. Esa misma nación, segregó y discriminó durante cien años más a las comunidades negras y ha participado como actor y protagonista en casi todas las guerras y conflictos mundiales en el último siglo y medio.
La imagen de la Estatua de la Libertad, emblema de la Unión Americana y la cual acogió bajo su abrigo a millones de inmigrantes de todo el mundo, resulta bastante maltratada, cuando manifestantes ultraconservadores se oponen a la construcción de una mezquita en pleno centro de Manhattan y cuando un pastor cristiano bautista de la Florida invita a quemar ejemplares del Corán, como desagravio por los atentados terroristas del 11 de septiembre, hace 9 años.
Y más grave aún, cuando la Casa Blanca, en lugar de rechazar la violación a la libertad religiosa y defender los derechos de las comunidades islámicas residentes de ese país, considera que “la amenaza de una iglesia cristiana en la Florida de quemar copias del Corán podría poner en peligro a las tropas estadounidenses en el extranjero” ya que “las imágenes del Corán quemándose serán usadas por grupos extremistas para incitar a actos violentos”.
Cruzando el Oceáno Atlántico el panorama tampoco es muy estimulante. En Francia, donde en 1789 se firmó la Declaración de los Derechos del Hombre, que sentencia: "Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos", y define las libertades de opinión, de prensa y de conciencia, el presidente Nicolas Sarkozy ordenó la expulsión de un millar de personas, de la etnia gitana, hacia Rumania y Bulgaria.
El país galo, que creció con la consigna de defender a toda costa la “libertad, la solidaridad y la fraternidad” de los ciudadanos, prepara una reforma legal que permita expulsar a los extranjeros en situación migratoria irregular y que planteen una "amenaza para el orden público”, que no tengan trabajo o que abusen “del derecho de libre circulación". Bastante difícil será evaluar quién y cómo abusa de dicho derecho.
Al paso que vamos, los que fueran referentes occidentales de democracia, libertad y respeto por la dignidad humana, se convertirán sólo en la añoranza de unos pocos y, como las ruinas del Coliseo Romano, en un atractivo -pero en desuso- gancho publicitario de las guías turísticas de Estados Unidos y Francia.
miércoles, 8 de septiembre de 2010
¿Al operador quién lo ronda?
Por Juan Antonio Ruiz Romero, septiembre 2 de 2010
Sin duda uno de los temas más interesantes para escribir y opinar cada año es el de las fiestas aniversarias de la ciudad.
El editorial del domingo de LA TARDE se me anticipó en algunos de esos puntos: “Las denominadas fiestas estuvieron desordenadas, excesivamente ruidosas y se centraron en el consumo de alcohol y no en la expresión de la llamada pereiranidad”.
“Fue evidente la desorganización de la empresa contratada para la realización de los diferentes eventos, muchos de los cuales fueron cancelados a última hora”.
“Salvo la presencia de un programa de la televisión nacional, que se realizó en Ciudad Victoria, las fiestas sólo fueron conocidas y referenciadas por los medios locales. Muy pocos colombianos supieron que aquí estaba pasando algo llamado fiestas de la cosecha, para celebrar nuestra cultura. Si se miden las fiestas por el número de borrachos que hubo en las calles, por el cierre de vías y por las horas perdidas de sueño, hay que decir que fueron un éxito.”
Para no volver sobre lo mismo, quisiera profundizar sobre algunos aspectos, quizás no tan públicos, pero que marcaron también la celebración. La contratación de un operador privado para que comercializara las fiestas fue un auténtico fiasco. Los únicos patrocinadores no oficiales fueron Bavaria, el distribuidor de Licores de Antioquia y Carrefour, o sea los mismos que han estado vinculados en los últimos años.
Se le apostó buena parte del esfuerzo promocional a eventos que fracasaron: Al Showbol solo fueron 600 personas. En la Carpa Cabaret, el primer día los asistentes se quedaron esperando la presentación de Hebert Vargas. Luego que no busquen otras explicaciones para la cancelación de las presentaciones de Pastor López y el Cuarteto Imperial. La corrida de toros, por la fecha, estaba condenada de antemano.
Ante la quiebra de Carpa Cabaret, el municipio tuvo que asumir los 110 millones de pesos de los costos del concierto de Willie Colón, tal vez el evento cumbre de las fiestas. Ni siquiera la lluvia espantó a los seguidores del salsero. Eso sí, los asistentes a la Plaza Cívica se dieron cuenta y pudieron diferenciar, en vivo y en directo, quién sabe cantar y quién, sin ser buen músico, es exitoso tarareando música popular.
Ojalá que la capacidad, talento y humildad demostrados por Willie Colón ante las 20 mil personas que desbordaron la Plaza Cívica fuera aprendido por otros personajes. El farandulero Padre Chucho, como si fuera una estrella del Hollywood celestial, exigió una escolta de 12 miembros de la Policía nacional. Ni que hubiera venido a Pereira a reunirse con el secretariado de las Farc. Y es que en eso, a los organizadores de las Fiestas y a la Policía se les fue la mano: el domingo 22 de agosto, recibieron a Jota Mario Valencia y a sus compañeros de Muy Buenos Días, como si fueran jefes de Estado y los trasladaron al hotel con escoltas motorizados.
Si la precaria labor adelantada por “el comercializador de las fiestas”, fue recibir los dineros del Instituto de Cultura, las secretarías de despacho y las empresas de servicios, el mismo municipio podía efectuar dicha tarea. ¿O sería que deseaban eludir la acción de los organismos de control sobre el destino final de esos dineros públicos?
Sin duda uno de los temas más interesantes para escribir y opinar cada año es el de las fiestas aniversarias de la ciudad.
El editorial del domingo de LA TARDE se me anticipó en algunos de esos puntos: “Las denominadas fiestas estuvieron desordenadas, excesivamente ruidosas y se centraron en el consumo de alcohol y no en la expresión de la llamada pereiranidad”.
“Fue evidente la desorganización de la empresa contratada para la realización de los diferentes eventos, muchos de los cuales fueron cancelados a última hora”.
“Salvo la presencia de un programa de la televisión nacional, que se realizó en Ciudad Victoria, las fiestas sólo fueron conocidas y referenciadas por los medios locales. Muy pocos colombianos supieron que aquí estaba pasando algo llamado fiestas de la cosecha, para celebrar nuestra cultura. Si se miden las fiestas por el número de borrachos que hubo en las calles, por el cierre de vías y por las horas perdidas de sueño, hay que decir que fueron un éxito.”
Para no volver sobre lo mismo, quisiera profundizar sobre algunos aspectos, quizás no tan públicos, pero que marcaron también la celebración. La contratación de un operador privado para que comercializara las fiestas fue un auténtico fiasco. Los únicos patrocinadores no oficiales fueron Bavaria, el distribuidor de Licores de Antioquia y Carrefour, o sea los mismos que han estado vinculados en los últimos años.
Se le apostó buena parte del esfuerzo promocional a eventos que fracasaron: Al Showbol solo fueron 600 personas. En la Carpa Cabaret, el primer día los asistentes se quedaron esperando la presentación de Hebert Vargas. Luego que no busquen otras explicaciones para la cancelación de las presentaciones de Pastor López y el Cuarteto Imperial. La corrida de toros, por la fecha, estaba condenada de antemano.
Ante la quiebra de Carpa Cabaret, el municipio tuvo que asumir los 110 millones de pesos de los costos del concierto de Willie Colón, tal vez el evento cumbre de las fiestas. Ni siquiera la lluvia espantó a los seguidores del salsero. Eso sí, los asistentes a la Plaza Cívica se dieron cuenta y pudieron diferenciar, en vivo y en directo, quién sabe cantar y quién, sin ser buen músico, es exitoso tarareando música popular.
Ojalá que la capacidad, talento y humildad demostrados por Willie Colón ante las 20 mil personas que desbordaron la Plaza Cívica fuera aprendido por otros personajes. El farandulero Padre Chucho, como si fuera una estrella del Hollywood celestial, exigió una escolta de 12 miembros de la Policía nacional. Ni que hubiera venido a Pereira a reunirse con el secretariado de las Farc. Y es que en eso, a los organizadores de las Fiestas y a la Policía se les fue la mano: el domingo 22 de agosto, recibieron a Jota Mario Valencia y a sus compañeros de Muy Buenos Días, como si fueran jefes de Estado y los trasladaron al hotel con escoltas motorizados.
Si la precaria labor adelantada por “el comercializador de las fiestas”, fue recibir los dineros del Instituto de Cultura, las secretarías de despacho y las empresas de servicios, el mismo municipio podía efectuar dicha tarea. ¿O sería que deseaban eludir la acción de los organismos de control sobre el destino final de esos dineros públicos?
De microtráfico y miopías
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 26 de agosto 2010
Desde mediados de la década de los 80, el director de noticias de Caracol Pereira Herney Ocampo Cardona acuñó una frase, que repite con cierta periodicidad y sigue vigente hoy en día: “Dosquebradas es una bomba social”.
En su corta historia, el que fuera un corregimiento de Santa Rosa de Cabal ha tenido un accidentado camino. Desde la misma aprobación de la ordenanza que le dio vida administrativa -según reconoció uno de los promotores- las irregularidades han marcado el sino de Dosquebradas.
Un municipio que- también en concepto del doctor Herney- estuvo más de 20 años “ en obra negra”. Un territorio, sin ningún tipo de planificación urbana, que fue creciendo en forma desordenada y caótica, a lo largo de la Avenida Simón Bolívar.
Sucesivos gobernantes, que con alguna honrosa excepción, se caracterizaron por su falta de preparación y mediocridad. Alcaldes que solo demostraron capacidad de administrar para sus amigos y de beneficiarse con los dineros públicos.
Con los millones de pesos que se destinaron a lo largo de muchos años para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Dosquebradas, se habría podido dotar de agua potable a los demás municipios de Risaralda, diferentes a Pereira. Y del manejo de dichos recursos, nadie rindió cuentas.
Dosquebradas, a lo largo de su historia, se ha manejado a la ligera. Con unos concejales, que cobraban sesiones a las que nunca asistieron y que, aunque fueron destituidos por la Procuraduría y suspendidos para ejercer cargos públicos, regresan triunfales, como si nada, para seguir explotando las arcas municipales.
Por eso, no debe extrañar la compleja situación de zozobra e inseguridad que se está viviendo en varios sectores de Dosquebradas -similar a los que ocurre en sitios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y La Virginia-, en donde la presencia de organizaciones delictivas, vinculadas al microtráfico de drogas y a la extorsión, han ocasionado enfrentamientos armados y la muerte de numerosas personas.
Ante los hechos violentos ocurridos en julio pasado en el barrio Buenos Aires, la administración municipal se demoró 11 días para convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad. El martes en la noche, hecho similares sacudieron a los barrios Las Violetas y El Japón, dejando un saldo de tres muertos y cuatro heridos.
El gobierno dosquebradense habla de ampliación del pie de fuerza policial, de indagación sobre los responsables de los crímenes, de resocialización de pandilleros, de centros de Convivencia, de plan Desarme en los colegios, de mantener la restricción del parrillero para las motocicletas. Pero se le olvida lo básico: la intervención social.
El problema radica en la miopía y falta de grandeza de un gobierno, como el de Luz Ensueño Betancur, el cual considera que pierde autonomía y capacidad de acción si trabaja de la mano con los alcaldes del Área Metropolitana y la Gobernación.
Sin duda, la alcaldesa de Dosquebradas tiene ojos bonitos, pero le falta visión.
Desde mediados de la década de los 80, el director de noticias de Caracol Pereira Herney Ocampo Cardona acuñó una frase, que repite con cierta periodicidad y sigue vigente hoy en día: “Dosquebradas es una bomba social”.
En su corta historia, el que fuera un corregimiento de Santa Rosa de Cabal ha tenido un accidentado camino. Desde la misma aprobación de la ordenanza que le dio vida administrativa -según reconoció uno de los promotores- las irregularidades han marcado el sino de Dosquebradas.
Un municipio que- también en concepto del doctor Herney- estuvo más de 20 años “ en obra negra”. Un territorio, sin ningún tipo de planificación urbana, que fue creciendo en forma desordenada y caótica, a lo largo de la Avenida Simón Bolívar.
Sucesivos gobernantes, que con alguna honrosa excepción, se caracterizaron por su falta de preparación y mediocridad. Alcaldes que solo demostraron capacidad de administrar para sus amigos y de beneficiarse con los dineros públicos.
Con los millones de pesos que se destinaron a lo largo de muchos años para el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Dosquebradas, se habría podido dotar de agua potable a los demás municipios de Risaralda, diferentes a Pereira. Y del manejo de dichos recursos, nadie rindió cuentas.
Dosquebradas, a lo largo de su historia, se ha manejado a la ligera. Con unos concejales, que cobraban sesiones a las que nunca asistieron y que, aunque fueron destituidos por la Procuraduría y suspendidos para ejercer cargos públicos, regresan triunfales, como si nada, para seguir explotando las arcas municipales.
Por eso, no debe extrañar la compleja situación de zozobra e inseguridad que se está viviendo en varios sectores de Dosquebradas -similar a los que ocurre en sitios de Pereira, Santa Rosa de Cabal y La Virginia-, en donde la presencia de organizaciones delictivas, vinculadas al microtráfico de drogas y a la extorsión, han ocasionado enfrentamientos armados y la muerte de numerosas personas.
Ante los hechos violentos ocurridos en julio pasado en el barrio Buenos Aires, la administración municipal se demoró 11 días para convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad. El martes en la noche, hecho similares sacudieron a los barrios Las Violetas y El Japón, dejando un saldo de tres muertos y cuatro heridos.
El gobierno dosquebradense habla de ampliación del pie de fuerza policial, de indagación sobre los responsables de los crímenes, de resocialización de pandilleros, de centros de Convivencia, de plan Desarme en los colegios, de mantener la restricción del parrillero para las motocicletas. Pero se le olvida lo básico: la intervención social.
El problema radica en la miopía y falta de grandeza de un gobierno, como el de Luz Ensueño Betancur, el cual considera que pierde autonomía y capacidad de acción si trabaja de la mano con los alcaldes del Área Metropolitana y la Gobernación.
Sin duda, la alcaldesa de Dosquebradas tiene ojos bonitos, pero le falta visión.
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