“Democracia motorizada”

Por Juan Antonio Ruiz Romero

El Informe de Naciones Unidas sobre La Democracia en América Latina, advertía desde 2002, que un 54,7 % de los latinoamericanos preferiría un “régimen autoritario” a uno democrático, si le “resolviera” sus problemas económicos.

Recientes encuestas en diferentes países confirman esa tesis. Las nuevas generaciones, a las cuales no les tocaron las dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, se muestran abiertas a otro tipo de gobiernos, sin importar que sean autoritarios, si con ellos se lograrán reducir los niveles de pobreza, desigualdades y corrupción. Eso quiere decir que la democracia está en peligro, porque la relegamos a un simple acto de sufragar, cada cierto tiempo, por unos partidos y dirigentes desprestigiados.

Y en ese panorama de democracia en riesgo, países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, modificaron las Constituciones para permitir la reelección de sus gobernantes. Primero Fujimori, luego Chávez, Uribe, Correa, Morales e incluso Néstor Kirchner en Argentina han aprovechado los mecanismos que ofrece el sistema democrático para consolidarse en el poder, en detrimento de otros liderazgos, de otras fuerzas, de otras voces. Lo mismo que trataba de hacer Manuel Zelaya en Honduras.

Según un estudio de la Universidad de Los Andes, la “seguridad democrática” que defiende con tanto ahínco el presidente Uribe, y la cual establece como prioridad a quien quiera ser su sucesor, recoge ese sentir colectivo de “seguridad y orden”. Preocupa que los encuestados estarían de acuerdo con la restricción de algunas libertades e incluso hasta con el cierre del Congreso y de las Cortes, si estorban el propósito fundamental. El problema es que las “chuzadas telefónicas” a magistrados, políticos de la oposición y periodistas; los “falsos positivos”; el reiterado enfrentamiento del ejecutivo con las Cortes; las embajadas, notarías y otras prebendas burocráticas ofrecidas a los congresistas se volvieron parte de nuestra democracia. O mejor, en nuevos riesgos, para la estabilidad y la continuidad del sistema democrático.

Dentro de ese panorama, no debe sorprender la decisión de la alcaldesa de Dosquebradas, que ni es Luz ni Ensueño para sus conciudadanos, de entregar a patrullas motorizadas del Batallón San Mateo, las labores de vigilancia y control de la seguridad en las comunas de su municipio. Con un concepto, quizás bien intencionado, pero errado, la administración municipal piensa que los problemas de pobreza, de descomposición social, de falta de opciones de vida, de pandillas juveniles al servicio del narcotráfico; se soluciona con la compra de una camioneta Toyota Hilux, un camión MPR y 10 motos para que los soldados recorran las calles y barrios dosquebradenses.

Además de desnudar la imposibilidad de la Policía para atender las tareas de seguridad, la medida de la alcaldesa busca un impacto positivo, coyuntural, entre la gente, pero ineficiente en el fondo. Similar a la ubicación de tanquetas el año pasado en San Judas.

Ojalá que con la militarización de las comunas de Dosquebradas, el Ejército demuestre su profesionalismo y respeto por los derechos humanos y no se cometan arbitrariedades y excesos, que tanto daño le han causado a la institución.

Y también esperemos que con las patrullas militares y la excusa de la Seguridad democrática, no se quiera “motorizar” la campaña al Congreso del esposo de la mandataria, el ingeniero Ricardo Valencia.