Veinte años de retrocesos

Por Juan Antonio Ruiz Romero

Si bien la Constitución Política define que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales”, dicho postulado es puro cuento.

Durante los últimos 20 años, de una manera sutil y disfrazada, se puso en marcha una “contrareforma” que redujo las transferencias a los territorios y se refleja, en la actualidad, en entidades territoriales débiles, dependientes y mendicantes.

Con la excusa de la corrupción, el gobierno nacional asume tareas de de formulación de proyectos, saneamiento básico, atención de emergencias, mantenimiento de vías, reparación de escuelas, construcción de obras de protección, que le corresponden a municipios y departamentos.

Quizás muchos olvidan que los carruseles de contratación vial y de la salud tuvieron maestría en Bogotá y que el manejo irresponsable de los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes; los subsidios de Agro Ingreso Seguro; la desmovilización del “Frente Cacica Gaitana”; el robo a la DIAN; la doble facturación en el Ministerio de Protección Social y las chuzadas del DAS, tuvieron todas su origen y radio de acción en las pulcras oficinas del gobierno central.

Como producto de las sucesivas olas invernales, ahora es Colombia Humanitaria la que decide qué se hace y qué no en departamentos y municipios. Así, aunque los dos últimos presidentes anunciaron “la inmediata reubicación de las viviendas inundadas en la Virginia”, 4 años después, sólo está un lote, que además deberá nivelarse para empezar a construir las casas. Entre tanto, el puerto está de nuevo en alerta roja y las entidades nacionales, con su habitual rapidez elefantina, “siguen analizando las opciones más convenientes”.

Ante la gran cantidad de retos, departamentos y municipios piden ayuda en Bogotá para sus raquíticas finanzas, mientras se consolida un poder central absoluto, monárquico y dadivoso.

Hace poco, el Ministerio del Interior inauguró la flamante Casa del Gobernador y del Alcalde, “una sede administrativa que concebimos para mejorar la relación del Gobierno con las entidades territoriales, para que sus autoridades no estén sometidas a deambular por la capital en busca de la oferta institucional. Desde hoy, todos los alcaldes y gobernadores de Colombia podrán acudir al Ministerio del Interior para que, en coordinación con todo el Gobierno, reciban la atención que requieren y merecen”.

En paralelo, la Federación de Departamentos nombro al ex consejero presidencial para Asuntos Políticos, Germán Chica como director ejecutivo y puente entre los gobernadores y la Casa de Nariño.

Malpensados que somos creemos que la campaña presidencial de 2014 comenzó y por ello, Santos y Vargas Lleras movieron sus alfiles buscando el respaldo de gobernadores y alcaldes, jefes políticos naturales de sus territorios.