Los niños no son el futuro

Por Juan Antonio Ruiz Romero, octubre 2

A pesar de su corta edad, Luis Santiago Lozano era uno de los 18 millones 260 mil niños y niñas colombianos para los cuáles se expidió en noviembre de 2006, la nueva Ley de Infancia y Adolescencia.

Según la abogada Beatriz Linares, una de las promotoras desde la Alianza por la Niñez, la nueva ley aspiraba a convertir en sujetos de derechos a más de 2.8 millones de niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema educativo, a 2.7 millones de niños y niñas explotados laboralmente; a 2.5 millones que viven en situación de miseria e indigencia, a cerca de 100 mil que se crecen en las instituciones de protección por abandono o peligro; a alrededor de 10 mil utilizados y reclutados por los grupos armados al margen de la ley; a unos 18 mil adolescentes infractores; a 14 mil niños y niñas víctimas cada año de delitos sexuales; a más de 11 mil niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares y a los 9 niños y niñas que mueren cada día en Colombia en forma violenta.

Nueve niños y niñas cada día. O sea que, al lado del caso de Luis Santiago que, por obvias razones, mereció todo el despliegue informativo y hasta visita presidencial a la familia, otros ocho niños y niñas “se nos van al cielo” cada día, sin que merezcan una reseña, una mirada, una lágrima.

Si miramos lo que representan esas cifras, tenemos que concluir que, en Colombia, “los niños no son el futuro”, porque ni siquiera les estamos garantizando el presente.

El artículo 44 de la Constitución colombiana establece: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

Incluso nuestra norma constitucional fue más lejos y en el artículo 42 determina que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes.”

Lástima que Luis Santiago y los otros ocho niños y niñas que mueren a diario por hechos violentos en Colombia y los millones que sufren todo tipo de tropelías, desconozcan, en su mayoría, las buenas normas escritas y aprobadas por los adultos para proteger los derechos de infantes y adolescentes.