¿Y ahora...

quién podrá defendernos?

Por Juan Antonio Ruiz Romero, octubre 23

Cuándo el recientemente fallecido representante a la Cámara José Fernando Castro Caicedo se desempeñó como Defensor del Pueblo propuso “la ligadura de trompas a las trabajadoras sexuales, como un mecanismo para evitar los hijos no deseados”.

A pesar de la bienintencionada argumentación que soportaba la propuesta, al funcionario le llovieron todo tipo de críticas y cuestionamientos porque, más allá de sus consideraciones personales, la naturaleza del cargo que ocupaba: “Defensor del Pueblo” le impedía pronunciarse sobre un aspecto que vulneraba la libertad individual de las mujeres que ejercen dicho oficio.

Y es que, a veces, a los funcionarios se les olvida que sus declaraciones incluyen también la dignidad o cargo que representan. El único que todavía cree que puede separar sus opiniones como ministro, de sus responsabilidades como político y sus sentimientos familiares, es el Ministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio, quién trata de mantener equilibrio sobre la cuerda floja en que lo puso el juicio a su hermano Guillermo León, por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, violación de asunto sometido a reserva, falsedad por destrucción de documento y favorecimiento de información privilegiada a grupos criminales.

Me da la impresión que la historia de José Fernando Castro se está repitiendo en Risaralda, con las infortunadas declaraciones del Defensor Regional del Pueblo Luis Carlos Leal Vélez, quién en entrevista con el periódico La Tarde, publicada el sábado 18 de octubre pasado aseguró sin temblarle la voz:
“Yo pienso que no solamente debería haber pena de muerte para los violadores, sino también para los corruptos, los que deberían estar expuestos en esas vallas ante todo el mundo. ¿Dígame cuántos casos de “delincuencia de cuello blanco” se conoce (sic) que han investigado? Ninguno.”

Aunque soy un creyente sin vacilaciones de la libertad de expresión, debo tomar distancia del pronunciamiento del señor Defensor del Pueblo en Risaralda. Quizás como persona y hasta como abogado, Leal Vélez, pueda ser partidario, promotor, líder, simpatizante de la pena de muerte. En este caso no importa si la condena es para los violadores de niños, para los corruptos o para los transgresores de una norma u otra.

El tratadista del Derecho Néstor Osuna Patiño, Director del Departamento Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, asegura que “el Defensor tiene una importante atribución relacionada con la formación de opinión pública, la cual es, sin duda, la más importante de sus atribuciones, aunque sea a la vez la más difusa. El Defensor tiene el poder de denuncia pública, esto es, el encargo de poner el dedo en la llaga en materia de violaciones de derechos humanos y de dificultades para su plena realización. Mediante esta vocería, se espera que el Defensor del Pueblo constituya uno de los motores de la sociedad en la construcción de tejido social, de respeto y de convivencia civilizada”.

Aquí lo realmente preocupante es que una de las cabezas visibles del Ministerio Público en Risaralda, quién ostenta la dignidad de Defensor del Pueblo, “amparo de los ciudadanos y conciencia de la opinión pública”, se haya referido de una manera tan alegre y descuidada sobre la pena de muerte y, pocos días después, exteriorice su preocupación por lo que llamó “limpieza social” de habitantes de la calle. ¿Cómo contradictorio, no?