Las víctimas, según el ministro

Por Juan Antonio Ruiz Romero

A mediados de los años setenta, en el cancionero popular colombiano apareció un estribillo retador, despechado y herido: “Tú no vales un plomo que yo dispare para matarte”, el cual años más tarde, grabaron también Los Betos, a ritmo vallenato.

Y de acuerdo con las recientes decisiones del gobierno nacional y del Congreso, esa podría ser la banda sonora para la Ley de Víctimas del conflicto armado, que las mayorías uribistas terminaron hundiendo en la Comisión de Conciliación.

Sorprende eso sí, que tres días antes del naufragio de la ley, el propio ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio afirmara textualmente que “con la aprobación de la ley se logra el equilibrio entre el respeto a los estándares internacionales y la Constitución y las leyes colombianas, dentro del marco de la viabilidad fiscal y la responsabilidad política".

En un país con más de medio siglo de violencia política, crímenes de lesa humanidad, desplazamiento forzado, grupos armados ilegales de izquierda y de derecha, por lo menos 220 mil familias esperan algún tipo de reparación económica, a cambio del dolor, el desarraigo y la muerte de sus seres queridos.

No fueron suficientes los desgarradores testimonios divulgados en Medellín, en el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, al cual asistieron los Príncipes de Asturias, el presidente Uribe, el ministro del Interior y varios de nuestros legisladores. Más allá de los compromisos presupuestales, lo que el gobierno no pudo aceptar es que al lado de las infamias cometidas por la guerrilla y los paramilitares, se incluyeran los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, denominados con el sutil nombre de “falsos positivos”, pero, no por ello, menos homicidios.

Parecería casualidad, pero el hundimiento de la Ley de Víctimas se produjo el mismo día en que el relator especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales Philip Alston reveló que los civiles presentados como guerrilleros muertos en combate son una práctica "más o menos sistemática" en el Ejército colombiano. Y ahí fue Troya.

Aunque el gobierno nacional anuncia una nueva ley de Víctimas para la próxima legislatura, las familias afectadas, algunos dirigentes de la política, sectores académicos y medios de comunicación nos preguntamos si valieron la pena las promesas, el desgaste de más de dos años, las audiencias públicas y las 10 mil cartas que fueron enviadas al Congreso, porque, en últimas, las personas sienten que todo el proceso fue “una botadera de corriente”, en donde les “salieron con un chorro de babas”.

Y la pregunta que surge de inmediato es: ¿Cuál es la idea de víctima que tiene el señor ministro del Interior? Porque, de acuerdo con los hechos, las víctimas no son los campesinos despojados, las madres cabezas de hogar y los huérfanos de la violencia.

No. Para el excelso ministro, las víctimas son los “honorables congresistas” y padres de la patria, que, en medio de su indefensión legal, jurídica y económica, sufren las persecuciones con investigaciones penales de la Corte Suprema de Justicia y procesos de pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado. Por ello, el diligente hermano de Guillermo León, propondrá revivir la inmunidad parlamentaria.

Al paso que vamos, los congresistas procesados y condenados por la “parapolítica”, van a ser los oradores centrales del próximo Congreso de víctimas del terrorismo.