Por Juan Antonio Ruiz Romero
Para algunos es una actitud de arrogancia. Para otros de cinismo. Unos más piensan que simplemente es el resultado del ejercicio del poder. Un poder que engolosina y no se quiere soltar.
Enigmático, canoso, con el rostro cansado, tras sus anteojos. Muy pocas veces lo volvieron a ver sonriente. Se esconde en sus recuerdos. Yo, el Supremo. El Otoño del patriarca. El ex presidente en su laberinto. Las venas abiertas de América Latina.
Primero, fue el juicio por violaciones a los derechos humanos y masacres por parte de grupos de ultraderecha, patrocinados desde el mismo gobierno. La primera condena: 25 años de cárcel.
Después, dos sentencias por cargos de corrupción, al entregar 15 millones de dólares, de recursos públicos, para pagar favores políticos a un asesor presidencial. Algo así como un Agro Ingreso Seguro, pero a la peruana.
Esta semana aceptó ser responsable de los cargos de espionaje telefónico, soborno de congresistas y compra ilegal de medios de comunicación, con dineros del Estado.
El ex presidente Alberto Fujimori, quién modificó la Constitución peruana para permitir su reelección en dos ocasiones y terminó huyendo al comenzar el tercer mandato, afronta una cuarta condena judicial y el pago de una indemnización equivalente a 1,6 millones de dólares al Estado y un millón de dólares a los agraviados.
Fujimori aceptó los cargos en su contra, con lo cual evitó que comparecieran en el proceso no menos de cien testigos, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, quienes fueron víctimas de interceptación telefónica cuando como candidatos enfrentaron a Fujimori en 1990 y 1995, respectivamente. Algo así como un ceviche peruano a la Watergate.
De acuerdo con la investigación del Fiscal José Peláez, el ex presidente pagó a congresistas opositores para que se pasaran a las filas del fujimorismo. La diferencia es que allá pagaron en dólares, frente a cámaras ocultas de televisión. Aquí, para la primera reelección se entregaron notarías como premio y subsidios no reembolsables del Ministerio de Agricultura y, para la segunda reelección, se aprobó una reforma política que convertía en legal y permitido “el transfuguismo”.
Cuándo leía las noticias acerca del juicio a Fujimori, sentí la tranquilidad de que gracias a la política de Seguridad Democrática, en Colombia no tendremos que vivir ninguna de esas situaciones tan dramáticas y dolorosas que tuvieron que afrontar nuestros hermanos peruanos.
Ni “falsos positivos” que permitieran fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas, en su lucha contra Sendero Luminoso. Ni vergonzosos casos de corrupción de miembros del gobierno. Ni abuso del poder y utilización de información privilegiada para beneficio de los familiares y amigos del gobernante. Ni “chuzadas” telefónicas ilegales a líderes de la oposición, magistrados y periodistas. Ni compra de conciencias y de apoyos. Siquiera estamos en Colombia y no en un país subdesarrollado como Perú.
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