Por Juan Antonio Ruiz Romero (Publicada 1 de octubre 2009)
Desde hace ya varias décadas y en distintos escenarios, escuchamos los ciudadanos que el clientelismo, los manejos amañados, los negociados y el favoritismo en los contratos son algunas de las características que identifican al sector público, al cual, casi sin excepciones, se estigmatiza y se cataloga como turbio y corrupto.
La verdad, uno quisiera que el sector público terminara copiando las buenas prácticas, los comportamientos responsables y transparentes que han acogido numerosas empresas y gremios. Pero, a veces, hay decisiones de empresas privadas que terminan siendo tan excluyentes, cerradas y polémicas como algunas del sector gubernamental.
Me refiero a los 20 mil millones de pesos que comprometió el gobierno nacional “para dinamizar la economía y reactivar el empleo en Pereira y Risaralda”, con un programa de “mejoramiento y adecuación de viviendas”, que se ejecutará con recursos de la Findeter y a través de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Risaralda.
Todos acogemos con beneplácito dichos recursos que, frente a las demás inversiones y proyectos que se gestionan ante el gobierno central, son una respuesta rápida, directa y oportuna.
Lamentablemente, los millonarios recursos del programa, que deberían irrigar toda la golpeada economía local, con inversiones en un sector tan dinámico como la construcción, podrían quedar en las manos y en los bolsillos de un reducido grupo de proveedores.
Este tema se abordó con franqueza en una reciente reunión, con voceros de los gobiernos departamental y municipal, los gremios de la construcción y la misma Caja. Allí quedó claro que no se puede dirigir y restringir el uso de esos recursos, de origen público, para la compra de materiales y productos de construcción en los 8 o 10 o 20 “proveedores oficiales” que establezca Comfamiliar Risaralda.
Sin embargo, a una cosa se comprometieron los delegados de la empresa en la reunión de la semana pasada y otra es lo que están haciendo, los asesores comerciales del área de Vivienda de Comfamiliar, que atienden en la sede de la calle 22 con carrera cuarta.
A todas las personas que han ido esta semana a averiguar por el crédito, incluyéndome a mí, que estuve ayer miércoles a las 10 de la mañana, nos dijeron que, una vez aprobado el préstamo, nos entregaban la “lista de proveedores”, a los cuales les podíamos comprar los productos requeridos para “el mejoramiento o remodelación de la vivienda”.
No es que uno sea prevenido, pero cuándo se observa lo que sucedió con los subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro, que terminaron en manos de grandes terratenientes y hasta de reinas de belleza, uno quisiera que estos créditos, que si bien son blandos, pero no gratuitos; puedan invertirse en cualquier establecimiento comercial de la ciudad y no solo en aquellos, por muy serios y respetables, que aparecen como “proveedores oficiales del crédito social de Comfamiliar”.
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