¿Cuál estado social de derecho?

Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 29 de octubre.

“El Pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia”. Preámbulo Constitución Política de Colombia, 1991.


Mientras van pasando los días, uno siente que el espíritu y objetivos de la Carta de 1991, están cada vez más difusos. Y al ver el debate interrumpido sobre el programa Agro Ingreso Seguro, nos da la impresión que “ese Estado social de derecho” y sus fines esenciales de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, son textos constitucionales que desconocen altos dignatarios del gobierno, el ex ministro y precandidato presidencial Andrés Felipe Arias y su sucesor en la cartera de Agricultura, Andrés Fernández.

Es inconcebible pensar que “dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo” se entregue el 71% de los recursos de Agro Ingreso Seguro a un 5% de beneficiarios, entre los que se encuentran los cultivadores de palma africana, los ingenios azucareros y hasta la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueña del 25 por ciento del sector financiero del país. Y que se entreguen créditos subsidiados a la multinacional Phillip Morris por 29 mil 500 millones, a pesar de que la tabacalera le debe 200 millones de dólares a los departamentos colombianos, por contrabando y evasión de impuestos.

Tampoco es posible pensar que en una Nación “fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas”, 45 cotizantes a la campaña de reelección presidencial que aportaron 549 millones de pesos, hayan recibido subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro por 33 mil 497 millones de pesos.

Se pierde la meta de promover “la prosperidad general”, cuando a 10 empresas que donaron 128 millones de pesos para financiar el referendo que busca una segunda reelección del presidente Uribe, se les retribuyó con subsidios no reembolsables por 16 mil 549 millones.

Es imposible asegurar a los colombianos “el trabajo, la justicia, la igualdad”, cuando a una sola persona le entregan en Bolívar el 83% de los recursos de Agro Ingreso Seguro; a dos familias en el Magdalena, el 89% de lo asignado a ese departamento, aunque dos de los proyectos fueron declarados no elegibles; y a 17 beneficiarios, el 45% de los subsidios apropiados para 10 departamentos.

Con esas “políticas de gobierno” para devolver favores, ni siquiera “invocando la protección de Dios”, vamos a lograr acabar la pobreza en que vive el 60 por ciento de los campesinos colombianos, si los recursos públicos para estimular el agro -que salen de quiénes pagamos impuestos- terminan en los bolsillos de los grandes banqueros, las multinacionales tabacaleras, los cultivadores de palma africana y las familias y empresas que financiaron la primera y la segunda reelección presidencial.