La recolectora de café y el tradicional vehículo encabezaron el desfile del Día de la Hispanidad, en Nueva York, con el cual Colombia ganó el premio a la Mejor Comparsa.
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Especial para La Tarde
Nueva York. Por primera vez en la historia, un jeep Willys, engalanado con el fique de los costales en los que se empaca el café colombiano y con la joven chapolera, Jenny Maritza Guzmán, recorrió la exclusiva Quinta Avenida, mostrando la imagen pujante y laboriosa de los recolectores colombianos.
La celebración del Día de la Hispanidad en la Gran Manzana, permitió que miles de personas, entre latinoamericanos y turistas de todo el mundo, conocieran la música, los bailes y expresiones culturales de los países que se arropan en el idioma español, desde México hasta la Patagonia argentina y chilena.
Y allí, en medio de las trompetas de los mariachis mexicanos, los coloridos trajes de bailarines folclóricos bolivianos y ecuatorianos, las trovas contarricenses y hasta la selección femenina de fútbol de Honduras, apareció el jeep Willys, con placas de Nueva York, en donde se apretujaron el conductor, la chapolera y los sentimientos de los 650 mil compatriotas que viven en esta ciudad.
Un inesperado sol otoñal recordó el clima habitual de los cafetales colombianos, a lo largo del desfile de 30 cuadras, entre la calle 42 y el Central Park, que fue seguido por unas 60 mil personas, que lucían sombreros, banderas y distintivos de sus países de origen.
La chapolera colombiana, personificada por la ex candidata de Risaralda al Reinado de Cartagena en 2008, Jenny Guzmán, caminó varias cuadras, saludó a sus paisanos, se tomó fotos con unos y otros y respondió, con un inglés bastante fluido, a aquellos extranjeros que preguntaban: ¿What is “chapolera”?
La mejor comparsa
La presencia de Colombia en el Día de la Hispanidad en Manhattan estuvo a cargo del cónsul general Francisco Noguera, quién se esforzó por integrar una muestra artística bastante amplia de las difentes expresiones musicales y culturales que identifican a nuestras regiones.
La representación colombiana combinó una alegoría del carnaval de Barranquilla, danzas de un grupo de niños de la tercera generación de inmigrantes colombianos llegados a los Estados Unidos; animados y resistentes bailarines de la tercera edad, que igual se le medían a una cumbia, un bullerengue o una guabina y el “yipao”, con chapolera, que representa a esas 566 mil familias cafeteras que derivan su sustento del grano.
Para el Día de la Hispanidad, el periódico “Daily News”, que imprime 700 mil ejemplares diarios y compite con el New York Times, definió como estrategia de acercamiento con el mercado latino, escoger la mejor comparsa. Pasadas las ocho de la noche del domingo, mientras los bailarines y participantes trataban de descansar de la larga caminata, una llamada telefónica a la agregada cultural de Colombia Adriana Aristizábal entregó la noticia: “Ustedes tuvieron la mejor comparsa y este martes, recibirán el galardón que así lo reconoce”.
Chapolera Travel Market
La vistosa presencia del Willys rojo por las calles de Manhattan es solo parte del ambicioso plan que busca proyectar al Eje cafetero colombiano y a sus principales productos de exportación hacia el mercado de los Estados Unidos y en especial, a las comunidades latinoamericanas residentes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.
Desde ayer, empezaron a llegar a Nueva York, las autoridades regionales, encabezadas por el gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo y el alcalde de Pereira Israel Londoño; hoy y mañana llegarán los empresarios de los sectores cafetero, de la agroindustria de alimentos, floricultor, textil, calzado y marroquinería, que el viernes asistirán a la muestra comercial y mesa de negocios en el Hotel Roosevelt.
Lo que son las curiosidades de un mundo globalizado. En mayo pasado, se celebraba en Pereira con bombos y platillos, la apertura del primer restaurante Mc Donald’s en la ciudad. Cinco meses más tarde, un grupo de pereiranos y risaraldenses, promotores del evento Chapolera 2009, le dieron a Colombia el orgullo de mostrar por la Quinta Avenida, el jeep Willys y la mujer cafetera, los cuales contrastaron con la Trump Tower y los exclusivos diseños de Cartier, las joyas de Tiffany’s y los bolsos de Louis Vuitton.
jueves, 5 de noviembre de 2009
Las “roscas” privadas
Por Juan Antonio Ruiz Romero (Publicada 1 de octubre 2009)
Desde hace ya varias décadas y en distintos escenarios, escuchamos los ciudadanos que el clientelismo, los manejos amañados, los negociados y el favoritismo en los contratos son algunas de las características que identifican al sector público, al cual, casi sin excepciones, se estigmatiza y se cataloga como turbio y corrupto.
La verdad, uno quisiera que el sector público terminara copiando las buenas prácticas, los comportamientos responsables y transparentes que han acogido numerosas empresas y gremios. Pero, a veces, hay decisiones de empresas privadas que terminan siendo tan excluyentes, cerradas y polémicas como algunas del sector gubernamental.
Me refiero a los 20 mil millones de pesos que comprometió el gobierno nacional “para dinamizar la economía y reactivar el empleo en Pereira y Risaralda”, con un programa de “mejoramiento y adecuación de viviendas”, que se ejecutará con recursos de la Findeter y a través de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Risaralda.
Todos acogemos con beneplácito dichos recursos que, frente a las demás inversiones y proyectos que se gestionan ante el gobierno central, son una respuesta rápida, directa y oportuna.
Lamentablemente, los millonarios recursos del programa, que deberían irrigar toda la golpeada economía local, con inversiones en un sector tan dinámico como la construcción, podrían quedar en las manos y en los bolsillos de un reducido grupo de proveedores.
Este tema se abordó con franqueza en una reciente reunión, con voceros de los gobiernos departamental y municipal, los gremios de la construcción y la misma Caja. Allí quedó claro que no se puede dirigir y restringir el uso de esos recursos, de origen público, para la compra de materiales y productos de construcción en los 8 o 10 o 20 “proveedores oficiales” que establezca Comfamiliar Risaralda.
Sin embargo, a una cosa se comprometieron los delegados de la empresa en la reunión de la semana pasada y otra es lo que están haciendo, los asesores comerciales del área de Vivienda de Comfamiliar, que atienden en la sede de la calle 22 con carrera cuarta.
A todas las personas que han ido esta semana a averiguar por el crédito, incluyéndome a mí, que estuve ayer miércoles a las 10 de la mañana, nos dijeron que, una vez aprobado el préstamo, nos entregaban la “lista de proveedores”, a los cuales les podíamos comprar los productos requeridos para “el mejoramiento o remodelación de la vivienda”.
No es que uno sea prevenido, pero cuándo se observa lo que sucedió con los subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro, que terminaron en manos de grandes terratenientes y hasta de reinas de belleza, uno quisiera que estos créditos, que si bien son blandos, pero no gratuitos; puedan invertirse en cualquier establecimiento comercial de la ciudad y no solo en aquellos, por muy serios y respetables, que aparecen como “proveedores oficiales del crédito social de Comfamiliar”.
Desde hace ya varias décadas y en distintos escenarios, escuchamos los ciudadanos que el clientelismo, los manejos amañados, los negociados y el favoritismo en los contratos son algunas de las características que identifican al sector público, al cual, casi sin excepciones, se estigmatiza y se cataloga como turbio y corrupto.
La verdad, uno quisiera que el sector público terminara copiando las buenas prácticas, los comportamientos responsables y transparentes que han acogido numerosas empresas y gremios. Pero, a veces, hay decisiones de empresas privadas que terminan siendo tan excluyentes, cerradas y polémicas como algunas del sector gubernamental.
Me refiero a los 20 mil millones de pesos que comprometió el gobierno nacional “para dinamizar la economía y reactivar el empleo en Pereira y Risaralda”, con un programa de “mejoramiento y adecuación de viviendas”, que se ejecutará con recursos de la Findeter y a través de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar Risaralda.
Todos acogemos con beneplácito dichos recursos que, frente a las demás inversiones y proyectos que se gestionan ante el gobierno central, son una respuesta rápida, directa y oportuna.
Lamentablemente, los millonarios recursos del programa, que deberían irrigar toda la golpeada economía local, con inversiones en un sector tan dinámico como la construcción, podrían quedar en las manos y en los bolsillos de un reducido grupo de proveedores.
Este tema se abordó con franqueza en una reciente reunión, con voceros de los gobiernos departamental y municipal, los gremios de la construcción y la misma Caja. Allí quedó claro que no se puede dirigir y restringir el uso de esos recursos, de origen público, para la compra de materiales y productos de construcción en los 8 o 10 o 20 “proveedores oficiales” que establezca Comfamiliar Risaralda.
Sin embargo, a una cosa se comprometieron los delegados de la empresa en la reunión de la semana pasada y otra es lo que están haciendo, los asesores comerciales del área de Vivienda de Comfamiliar, que atienden en la sede de la calle 22 con carrera cuarta.
A todas las personas que han ido esta semana a averiguar por el crédito, incluyéndome a mí, que estuve ayer miércoles a las 10 de la mañana, nos dijeron que, una vez aprobado el préstamo, nos entregaban la “lista de proveedores”, a los cuales les podíamos comprar los productos requeridos para “el mejoramiento o remodelación de la vivienda”.
No es que uno sea prevenido, pero cuándo se observa lo que sucedió con los subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Seguro, que terminaron en manos de grandes terratenientes y hasta de reinas de belleza, uno quisiera que estos créditos, que si bien son blandos, pero no gratuitos; puedan invertirse en cualquier establecimiento comercial de la ciudad y no solo en aquellos, por muy serios y respetables, que aparecen como “proveedores oficiales del crédito social de Comfamiliar”.
martes, 29 de septiembre de 2009
El otoño del patriarca
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Para algunos es una actitud de arrogancia. Para otros de cinismo. Unos más piensan que simplemente es el resultado del ejercicio del poder. Un poder que engolosina y no se quiere soltar.
Enigmático, canoso, con el rostro cansado, tras sus anteojos. Muy pocas veces lo volvieron a ver sonriente. Se esconde en sus recuerdos. Yo, el Supremo. El Otoño del patriarca. El ex presidente en su laberinto. Las venas abiertas de América Latina.
Primero, fue el juicio por violaciones a los derechos humanos y masacres por parte de grupos de ultraderecha, patrocinados desde el mismo gobierno. La primera condena: 25 años de cárcel.
Después, dos sentencias por cargos de corrupción, al entregar 15 millones de dólares, de recursos públicos, para pagar favores políticos a un asesor presidencial. Algo así como un Agro Ingreso Seguro, pero a la peruana.
Esta semana aceptó ser responsable de los cargos de espionaje telefónico, soborno de congresistas y compra ilegal de medios de comunicación, con dineros del Estado.
El ex presidente Alberto Fujimori, quién modificó la Constitución peruana para permitir su reelección en dos ocasiones y terminó huyendo al comenzar el tercer mandato, afronta una cuarta condena judicial y el pago de una indemnización equivalente a 1,6 millones de dólares al Estado y un millón de dólares a los agraviados.
Fujimori aceptó los cargos en su contra, con lo cual evitó que comparecieran en el proceso no menos de cien testigos, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, quienes fueron víctimas de interceptación telefónica cuando como candidatos enfrentaron a Fujimori en 1990 y 1995, respectivamente. Algo así como un ceviche peruano a la Watergate.
De acuerdo con la investigación del Fiscal José Peláez, el ex presidente pagó a congresistas opositores para que se pasaran a las filas del fujimorismo. La diferencia es que allá pagaron en dólares, frente a cámaras ocultas de televisión. Aquí, para la primera reelección se entregaron notarías como premio y subsidios no reembolsables del Ministerio de Agricultura y, para la segunda reelección, se aprobó una reforma política que convertía en legal y permitido “el transfuguismo”.
Cuándo leía las noticias acerca del juicio a Fujimori, sentí la tranquilidad de que gracias a la política de Seguridad Democrática, en Colombia no tendremos que vivir ninguna de esas situaciones tan dramáticas y dolorosas que tuvieron que afrontar nuestros hermanos peruanos.
Ni “falsos positivos” que permitieran fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas, en su lucha contra Sendero Luminoso. Ni vergonzosos casos de corrupción de miembros del gobierno. Ni abuso del poder y utilización de información privilegiada para beneficio de los familiares y amigos del gobernante. Ni “chuzadas” telefónicas ilegales a líderes de la oposición, magistrados y periodistas. Ni compra de conciencias y de apoyos. Siquiera estamos en Colombia y no en un país subdesarrollado como Perú.
Para algunos es una actitud de arrogancia. Para otros de cinismo. Unos más piensan que simplemente es el resultado del ejercicio del poder. Un poder que engolosina y no se quiere soltar.
Enigmático, canoso, con el rostro cansado, tras sus anteojos. Muy pocas veces lo volvieron a ver sonriente. Se esconde en sus recuerdos. Yo, el Supremo. El Otoño del patriarca. El ex presidente en su laberinto. Las venas abiertas de América Latina.
Primero, fue el juicio por violaciones a los derechos humanos y masacres por parte de grupos de ultraderecha, patrocinados desde el mismo gobierno. La primera condena: 25 años de cárcel.
Después, dos sentencias por cargos de corrupción, al entregar 15 millones de dólares, de recursos públicos, para pagar favores políticos a un asesor presidencial. Algo así como un Agro Ingreso Seguro, pero a la peruana.
Esta semana aceptó ser responsable de los cargos de espionaje telefónico, soborno de congresistas y compra ilegal de medios de comunicación, con dineros del Estado.
El ex presidente Alberto Fujimori, quién modificó la Constitución peruana para permitir su reelección en dos ocasiones y terminó huyendo al comenzar el tercer mandato, afronta una cuarta condena judicial y el pago de una indemnización equivalente a 1,6 millones de dólares al Estado y un millón de dólares a los agraviados.
Fujimori aceptó los cargos en su contra, con lo cual evitó que comparecieran en el proceso no menos de cien testigos, entre ellos el escritor Mario Vargas Llosa y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, quienes fueron víctimas de interceptación telefónica cuando como candidatos enfrentaron a Fujimori en 1990 y 1995, respectivamente. Algo así como un ceviche peruano a la Watergate.
De acuerdo con la investigación del Fiscal José Peláez, el ex presidente pagó a congresistas opositores para que se pasaran a las filas del fujimorismo. La diferencia es que allá pagaron en dólares, frente a cámaras ocultas de televisión. Aquí, para la primera reelección se entregaron notarías como premio y subsidios no reembolsables del Ministerio de Agricultura y, para la segunda reelección, se aprobó una reforma política que convertía en legal y permitido “el transfuguismo”.
Cuándo leía las noticias acerca del juicio a Fujimori, sentí la tranquilidad de que gracias a la política de Seguridad Democrática, en Colombia no tendremos que vivir ninguna de esas situaciones tan dramáticas y dolorosas que tuvieron que afrontar nuestros hermanos peruanos.
Ni “falsos positivos” que permitieran fortalecer la imagen de las Fuerzas Armadas, en su lucha contra Sendero Luminoso. Ni vergonzosos casos de corrupción de miembros del gobierno. Ni abuso del poder y utilización de información privilegiada para beneficio de los familiares y amigos del gobernante. Ni “chuzadas” telefónicas ilegales a líderes de la oposición, magistrados y periodistas. Ni compra de conciencias y de apoyos. Siquiera estamos en Colombia y no en un país subdesarrollado como Perú.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Los samurai conservadores
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Sin dudas es una imagen para la historia. Un momento que no se veía ni siquiera cuándo se posesionaron los últimos gobernadores de origen conservador. Todos a una, los más entrañables y veteranos representantes del partido se congregaron para librar una nueva batalla. Ojalá no sea la última.
A la cita de esta semana con el gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo asistieron, en pleno, una treintena de exponentes de la más pura esencia del ser conservador. De esos que ya no quedan muchos, dirían por ahí. Personas decentes, rectas, pulquérrimas, con profundas convicciones y criterios innegociables.
Llegaron unidos por el mismo objetivo, quienes bebieron de las fuentes patriarcales de José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Aquellos de las tendencias históricas del partido. Los que votaron por Guillermo León Valencia, Misael Pastrana, Evaristo Sourdís, Belisario Betancur, Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Lloreda, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Ese ilustre grupo, compuesto por las reservas morales de la colectividad, que están por encima del bien y del mal, exteriorizó con energía y caballerosidad su malestar por la llegada por la puerta de atrás y a través de los resquicios que dejó abierta la reforma política, de personas que nunca han pertenecido a la colectividad, ni por tradición, ni por filosofía, ni por militancia.
Ante la insigne presencia del notablato conservador que lo miraba expectante, el mandatario seccional se encontró con algunas dificultades para explicarles que él no tenía nada que ver con la llegada de Samy Merheg y Ricardo Valencia al partido, pero que, “dadas las nuevas circunstancias”, el conservatismo debía aprovechar el momento histórico para fortalecerse.
Esa última frase casi ocasiona un infarto colectivo. Una taquicardia azul y adolorida se tomó el recinto, en donde algunos se preguntaban si lo que habían oído era cierto, viniendo de los labios de la persona a la cual el partido le entregó el aval y la responsabilidad de defender los postulados históricos de la colectividad.
Uno de los mayores motivos de indignación colectiva de los oráculos conservadores fueron las declaraciones entregadas por el aspirante al Senado Samy Merheg al periódico La Tarde, en donde confesó, con cierta ingenuidad: “La verdad cuando fui a Bogotá a conocer el directorio nacional me gustó mucho lo que vi y tomé la decisión el mismo día” y cuando agrega las razones que lo llevaron a solicitar la inscripción en esa fuerza política: “Todos los conservadores saben quién es Samy Merheg, saben que es un padre de familia, que es una persona respetuosa, trabajadora, creyente, de alguna manera saben que mi forma de vida representa mucho los principios conservadores”.
La subrepticia llegada de Sammy Merheg y Ricardo Valencia al seno del partido, considerada normal y hasta bienvenida por las nuevas generaciones conservadoras, tuvo un efecto inesperado: despertó el indomable espíritu guerrero de los samurai conservadores que, otra vez, se declararon en pie de lucha.
Sin dudas es una imagen para la historia. Un momento que no se veía ni siquiera cuándo se posesionaron los últimos gobernadores de origen conservador. Todos a una, los más entrañables y veteranos representantes del partido se congregaron para librar una nueva batalla. Ojalá no sea la última.
A la cita de esta semana con el gobernador de Risaralda Víctor Manuel Tamayo asistieron, en pleno, una treintena de exponentes de la más pura esencia del ser conservador. De esos que ya no quedan muchos, dirían por ahí. Personas decentes, rectas, pulquérrimas, con profundas convicciones y criterios innegociables.
Llegaron unidos por el mismo objetivo, quienes bebieron de las fuentes patriarcales de José Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez. Aquellos de las tendencias históricas del partido. Los que votaron por Guillermo León Valencia, Misael Pastrana, Evaristo Sourdís, Belisario Betancur, Álvaro Gómez Hurtado, Rodrigo Lloreda, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Ese ilustre grupo, compuesto por las reservas morales de la colectividad, que están por encima del bien y del mal, exteriorizó con energía y caballerosidad su malestar por la llegada por la puerta de atrás y a través de los resquicios que dejó abierta la reforma política, de personas que nunca han pertenecido a la colectividad, ni por tradición, ni por filosofía, ni por militancia.
Ante la insigne presencia del notablato conservador que lo miraba expectante, el mandatario seccional se encontró con algunas dificultades para explicarles que él no tenía nada que ver con la llegada de Samy Merheg y Ricardo Valencia al partido, pero que, “dadas las nuevas circunstancias”, el conservatismo debía aprovechar el momento histórico para fortalecerse.
Esa última frase casi ocasiona un infarto colectivo. Una taquicardia azul y adolorida se tomó el recinto, en donde algunos se preguntaban si lo que habían oído era cierto, viniendo de los labios de la persona a la cual el partido le entregó el aval y la responsabilidad de defender los postulados históricos de la colectividad.
Uno de los mayores motivos de indignación colectiva de los oráculos conservadores fueron las declaraciones entregadas por el aspirante al Senado Samy Merheg al periódico La Tarde, en donde confesó, con cierta ingenuidad: “La verdad cuando fui a Bogotá a conocer el directorio nacional me gustó mucho lo que vi y tomé la decisión el mismo día” y cuando agrega las razones que lo llevaron a solicitar la inscripción en esa fuerza política: “Todos los conservadores saben quién es Samy Merheg, saben que es un padre de familia, que es una persona respetuosa, trabajadora, creyente, de alguna manera saben que mi forma de vida representa mucho los principios conservadores”.
La subrepticia llegada de Sammy Merheg y Ricardo Valencia al seno del partido, considerada normal y hasta bienvenida por las nuevas generaciones conservadoras, tuvo un efecto inesperado: despertó el indomable espíritu guerrero de los samurai conservadores que, otra vez, se declararon en pie de lucha.
¿Pereira, cómo vamos?
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 17 de septiembre
Desde que Mauricio Vega Lemus estaba en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira, un grupo de ciudadanos le propuso constituir en la ciudad un esquema similar al de ¿Bogotá, cómo vamos?, que permite analizar indicadores, éxitos de los programas gubernamentales y formular los ajustes requeridos en la ejecución de políticas públicas.
La respuesta del dirigente gremial y de sus sucesores fue que “era una propuesta demasiado costosa” y que “la administración municipal podía incomodarse con ese tipo de programa”.
Ahora, cuando el esquema de ¿Cómo vamos? se extendió a Cartagena, Barranquilla, Medellín y se prepara el de Bucaramanga, Comfamiliar Risaralda asumió la tarea de ambientarlo en Pereira. Y eso está bien. Más que una auditoría o una labor de control político, fiscal o disciplinario, paralelo al que por ley efectúan el Concejo municipal, la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, este tipo de mecanismos buscan, desde la sociedad civil, examinar el alcance, beneficio social, proyección y significado de las políticas de gobierno, la prospectiva de desarrollo económico y social de la ciudad y la revisión del manejo y destinación de los recursos públicos.
Es un modelo similar a la “gobernanza”, tan en boga en distintos países y que analiza seis niveles de la relación de los ciudadanos con el Estado: 1. Rendición de cuentas 2. Estabilidad política y falta de violencia 3. Efectividad gubernamental 4. Calidad de la regulación 5. Estado de derecho y 6. Control de la corrupción.
Lo que no está bien es que a la primera reunión informativa y de organización de ¿Pereira, cómo vamos?, hayan llegado uno a uno y, como sin querer queriendo, los miembros fundadores de Pereira Unida, que se presentaron a los medios de comunicación y a la ciudad como un grupo de estudio de los temas citadinos y que, a mediano plazo, desea interactuar en la política activa con candidatos a la alcaldía, la Gobernación y las corporaciones.
Si quieren participar desde ahora en política que lo digan de frente y abiertamente. Buena falta le hacen a Pereira, liderazgos con otras visiones, orígenes y enfoques. Personas y profesionales capaces, preparados, que se le midan a reemplazar a tanto mediocre, escondido en los partidos de “la coalición de gobierno” o en la carencia de cuadros directivos de los movimientos que ostentan el poder.
Pero, lo en mi concepto, no se puede aceptar de ninguna manera, es el hecho de que ilustres personajes quieran aprovecharse del esfuerzo, dedicación y recursos económicos que implica el ejercicio de ¿Pereira, cómo vamos?, para que sirva como soporte programático de la campaña que desean proponerle a la ciudad.
Si se quiere construir una alternativa política válida y diferente para Pereira, el camino implica planeación, creatividad, paciencia y mucho trabajo de campo. Lo demás tiene el mismo aire acomodado y oportunista, que tanto les cuestionamos a los políticos tradicionales.
Desde que Mauricio Vega Lemus estaba en la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Pereira, un grupo de ciudadanos le propuso constituir en la ciudad un esquema similar al de ¿Bogotá, cómo vamos?, que permite analizar indicadores, éxitos de los programas gubernamentales y formular los ajustes requeridos en la ejecución de políticas públicas.
La respuesta del dirigente gremial y de sus sucesores fue que “era una propuesta demasiado costosa” y que “la administración municipal podía incomodarse con ese tipo de programa”.
Ahora, cuando el esquema de ¿Cómo vamos? se extendió a Cartagena, Barranquilla, Medellín y se prepara el de Bucaramanga, Comfamiliar Risaralda asumió la tarea de ambientarlo en Pereira. Y eso está bien. Más que una auditoría o una labor de control político, fiscal o disciplinario, paralelo al que por ley efectúan el Concejo municipal, la Contraloría, la Procuraduría y la Personería, este tipo de mecanismos buscan, desde la sociedad civil, examinar el alcance, beneficio social, proyección y significado de las políticas de gobierno, la prospectiva de desarrollo económico y social de la ciudad y la revisión del manejo y destinación de los recursos públicos.
Es un modelo similar a la “gobernanza”, tan en boga en distintos países y que analiza seis niveles de la relación de los ciudadanos con el Estado: 1. Rendición de cuentas 2. Estabilidad política y falta de violencia 3. Efectividad gubernamental 4. Calidad de la regulación 5. Estado de derecho y 6. Control de la corrupción.
Lo que no está bien es que a la primera reunión informativa y de organización de ¿Pereira, cómo vamos?, hayan llegado uno a uno y, como sin querer queriendo, los miembros fundadores de Pereira Unida, que se presentaron a los medios de comunicación y a la ciudad como un grupo de estudio de los temas citadinos y que, a mediano plazo, desea interactuar en la política activa con candidatos a la alcaldía, la Gobernación y las corporaciones.
Si quieren participar desde ahora en política que lo digan de frente y abiertamente. Buena falta le hacen a Pereira, liderazgos con otras visiones, orígenes y enfoques. Personas y profesionales capaces, preparados, que se le midan a reemplazar a tanto mediocre, escondido en los partidos de “la coalición de gobierno” o en la carencia de cuadros directivos de los movimientos que ostentan el poder.
Pero, lo en mi concepto, no se puede aceptar de ninguna manera, es el hecho de que ilustres personajes quieran aprovecharse del esfuerzo, dedicación y recursos económicos que implica el ejercicio de ¿Pereira, cómo vamos?, para que sirva como soporte programático de la campaña que desean proponerle a la ciudad.
Si se quiere construir una alternativa política válida y diferente para Pereira, el camino implica planeación, creatividad, paciencia y mucho trabajo de campo. Lo demás tiene el mismo aire acomodado y oportunista, que tanto les cuestionamos a los políticos tradicionales.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Partida de tránsfugas
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Cuándo yo era niño -estoy hablando del siglo pasado- la palabra tránsfuga era todo un insulto. Significaba traidor, esquirol, entregado, desertor, fugitivo. En pocas palabras, una persona que renunció a sus principios. Bueno, era la época en que la gente tenía principios. Ahora, todo es diferente.
Aunque Colombia alcanzó en 2005, el honor de ser el primer país en América Latina en aprobar una ley de Bancadas, que evitaba el transfuguismo o la doble militancia, al establecer que la curul pertenecía al partido o movimiento político y no a la persona elegida, en los últimos meses, el retroceso ha sido dramático.
La premisa con la que se construyó la ley, que fortalecía a los partidos frente a las microempresas personales y electorales y que buscaba la prevalencia de las ideas frente a los negocios y los beneficios personales, fue retomada en Brasil, en 2007, en donde, a pesar de la feroz oposición de los que sabemos, fue aprobada con el nombre de “Ley de fidelidad partidista”.
La misma Ley de Bancadas establecía que si un dirigente no se hallaba a gusto dentro de un partido o movimiento debía renunciar a su curul (y a sus ingresos) para inscribirse en otra organización.
Sin embargo, la reforma política de 2009, hirió de muerte a la Ley de Bancadas. Mientras, de frente al país, decretaba “la muerte política para quienes hayan sido condenados por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad y que tengan nexos con guerrilla o paramilitarismo”, creaba, a espaldas de los colombianos, un pequeño engendro de la más fina estirpe genética del Valenciacossismo que les permitió a los actuales congresistas dejar su partido para aspirar a la reelección por otro diferente, sin renunciar a la curul ni a los salarios.
Para evitar la incómoda intervención de los Tribunales de Ética de los partidos y de las Cortes, la reforma estableció que por el transfuguismo, en este caso, no se aplicarán sanciones por doble militancia ni procesos de pérdida de investidura. Y después, como si nada, el ex comisionado de Paz y sus correligionarios tienen el descaro de autodenominar al partido de La U como: “La casa grande de los uribistas”.
Fue tan grande la grieta que se abrió con el controvertido parágrafo, que hemos escuchado desde las más elementales hasta las más creativas y elaboradas disculpas para justificar el voltiarepismo. Desde el que, sincero y directo, dice que se fue del partido “porque me dio la gana” hasta la sublime expresión acrobática de quién asegura que “fueron los demás militantes de la colectividad los que cambiaron de ideología”.
Como vamos y con la entrada en vigencia del parágrafo único de la reforma política de 2009 que consagra “el voltiarepismo” como una forma legal y aceptada de ejercer la política en Colombia, a partir del próximo lunes 14 de septiembre, va a ser muy frecuente escuchar en las sedes del Congreso, las Asambleas y los concejos, el llamamiento a lista, por orden alfabético, de los “Honorables tránsfugas”.
Cuándo yo era niño -estoy hablando del siglo pasado- la palabra tránsfuga era todo un insulto. Significaba traidor, esquirol, entregado, desertor, fugitivo. En pocas palabras, una persona que renunció a sus principios. Bueno, era la época en que la gente tenía principios. Ahora, todo es diferente.
Aunque Colombia alcanzó en 2005, el honor de ser el primer país en América Latina en aprobar una ley de Bancadas, que evitaba el transfuguismo o la doble militancia, al establecer que la curul pertenecía al partido o movimiento político y no a la persona elegida, en los últimos meses, el retroceso ha sido dramático.
La premisa con la que se construyó la ley, que fortalecía a los partidos frente a las microempresas personales y electorales y que buscaba la prevalencia de las ideas frente a los negocios y los beneficios personales, fue retomada en Brasil, en 2007, en donde, a pesar de la feroz oposición de los que sabemos, fue aprobada con el nombre de “Ley de fidelidad partidista”.
La misma Ley de Bancadas establecía que si un dirigente no se hallaba a gusto dentro de un partido o movimiento debía renunciar a su curul (y a sus ingresos) para inscribirse en otra organización.
Sin embargo, la reforma política de 2009, hirió de muerte a la Ley de Bancadas. Mientras, de frente al país, decretaba “la muerte política para quienes hayan sido condenados por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad y que tengan nexos con guerrilla o paramilitarismo”, creaba, a espaldas de los colombianos, un pequeño engendro de la más fina estirpe genética del Valenciacossismo que les permitió a los actuales congresistas dejar su partido para aspirar a la reelección por otro diferente, sin renunciar a la curul ni a los salarios.
Para evitar la incómoda intervención de los Tribunales de Ética de los partidos y de las Cortes, la reforma estableció que por el transfuguismo, en este caso, no se aplicarán sanciones por doble militancia ni procesos de pérdida de investidura. Y después, como si nada, el ex comisionado de Paz y sus correligionarios tienen el descaro de autodenominar al partido de La U como: “La casa grande de los uribistas”.
Fue tan grande la grieta que se abrió con el controvertido parágrafo, que hemos escuchado desde las más elementales hasta las más creativas y elaboradas disculpas para justificar el voltiarepismo. Desde el que, sincero y directo, dice que se fue del partido “porque me dio la gana” hasta la sublime expresión acrobática de quién asegura que “fueron los demás militantes de la colectividad los que cambiaron de ideología”.
Como vamos y con la entrada en vigencia del parágrafo único de la reforma política de 2009 que consagra “el voltiarepismo” como una forma legal y aceptada de ejercer la política en Colombia, a partir del próximo lunes 14 de septiembre, va a ser muy frecuente escuchar en las sedes del Congreso, las Asambleas y los concejos, el llamamiento a lista, por orden alfabético, de los “Honorables tránsfugas”.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Todos estamos contagiados
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Las pruebas de laboratorio efectuadas al señor presidente confirmaron el diagnóstico. El jefe de Estado también tiene el virus, que progresivamente nos viene contagiando a todos.
Es un virus de origen desconocido. De composición molecular indeterminada aún, pero de alta peligrosidad. Su expansión por el mundo y el impacto generado por sus continuas mutaciones es tal, que ya fue considerado una pandemia.
A pesar de todos los dolores, maluqueras, decaimiento y episodios febriles de nuestra historia, a los colombianos la complicada virosis nos tomó por sorpresa: Estamos contagiados de indiferencia.
Algunos miembros de la fuerza pública, que llevan 9, 10 y 11 años en poder de la guerrilla de las FARC, envían pruebas de vida y el país, atolondrado por el referendo y los juegos eliminatorios al Mundial de Fútbol de Suráfrica 2010, sigue impávido, distante, sin inmutarse.
“-Mamita, cuídese mucho y tómese los medicamentos.
–Hija, estás muy grande y muy linda. Te mando un abrazo.
–Hermano, le recomiendo a la familia, mientras puedo volver a verlos.
–No se preocupen por mi, estoy bien. Los amo mucho y pienso que ya falta poco.”
Frente a esos testimonios, que podrían ser el de cualquiera de nosotros, se nos acabaron las frases de cajón, las palmaditas en la espalda y “los sentimientos de solidaridad porque entendemos lo que están sintiendo”.
Doce indígenas de la comunidad Awá, entre ellos seis niños, fueron asesinados en el departamento de Nariño y nosotros estamos preocupados por organizar marchas mundiales contra Hugo Chávez y no contra los responsables de ese repudiable crimen.
El DANE y Planeación Nacional informan que, gracias a las políticas del actual gobierno, en Colombia hay solo 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes; pero nuestras conversaciones giran alrededor del gol que le anotó Anthony de Ávila con 46 años al Santa Fe y si Teófilo Gutiérrez debe ser titular en el partido frente a Ecuador.
La Corte Suprema de Justicia dicta orden de captura contra el vicepresidente del partido Conservador Alirio Villamizar por enriquecimiento ilícito y recibir prebendas del gobierno para votar la primera reelección y sus compañeros del Directorio nacional guardan absoluto y cómplice silencio. Tal vez la abrupta cancelación de la consulta interna de esa colectividad, los dejó sin palabras.
Sin duda, los colombianos estamos contagiados. No nos ha servido demasiado esa antiquísima costumbre de “lavarnos las manos”, con cualquier excusa. Ni tampoco de ponernos tapabocas, ya que en nuestro caso, los utilizamos para evitar los olores de una sociedad apática, enmohecida y descompuesta.
El virus nos terminó afectando a todos. Se fue inoculando en forma lenta, constante, devastadora. La fiebre de nuestra indiferencia se volvió crónica y, lo peor, para esa enfermedad social, no hay vacuna que pueda salvarnos.
Las pruebas de laboratorio efectuadas al señor presidente confirmaron el diagnóstico. El jefe de Estado también tiene el virus, que progresivamente nos viene contagiando a todos.
Es un virus de origen desconocido. De composición molecular indeterminada aún, pero de alta peligrosidad. Su expansión por el mundo y el impacto generado por sus continuas mutaciones es tal, que ya fue considerado una pandemia.
A pesar de todos los dolores, maluqueras, decaimiento y episodios febriles de nuestra historia, a los colombianos la complicada virosis nos tomó por sorpresa: Estamos contagiados de indiferencia.
Algunos miembros de la fuerza pública, que llevan 9, 10 y 11 años en poder de la guerrilla de las FARC, envían pruebas de vida y el país, atolondrado por el referendo y los juegos eliminatorios al Mundial de Fútbol de Suráfrica 2010, sigue impávido, distante, sin inmutarse.
“-Mamita, cuídese mucho y tómese los medicamentos.
–Hija, estás muy grande y muy linda. Te mando un abrazo.
–Hermano, le recomiendo a la familia, mientras puedo volver a verlos.
–No se preocupen por mi, estoy bien. Los amo mucho y pienso que ya falta poco.”
Frente a esos testimonios, que podrían ser el de cualquiera de nosotros, se nos acabaron las frases de cajón, las palmaditas en la espalda y “los sentimientos de solidaridad porque entendemos lo que están sintiendo”.
Doce indígenas de la comunidad Awá, entre ellos seis niños, fueron asesinados en el departamento de Nariño y nosotros estamos preocupados por organizar marchas mundiales contra Hugo Chávez y no contra los responsables de ese repudiable crimen.
El DANE y Planeación Nacional informan que, gracias a las políticas del actual gobierno, en Colombia hay solo 20 millones de pobres y 8 millones de indigentes; pero nuestras conversaciones giran alrededor del gol que le anotó Anthony de Ávila con 46 años al Santa Fe y si Teófilo Gutiérrez debe ser titular en el partido frente a Ecuador.
La Corte Suprema de Justicia dicta orden de captura contra el vicepresidente del partido Conservador Alirio Villamizar por enriquecimiento ilícito y recibir prebendas del gobierno para votar la primera reelección y sus compañeros del Directorio nacional guardan absoluto y cómplice silencio. Tal vez la abrupta cancelación de la consulta interna de esa colectividad, los dejó sin palabras.
Sin duda, los colombianos estamos contagiados. No nos ha servido demasiado esa antiquísima costumbre de “lavarnos las manos”, con cualquier excusa. Ni tampoco de ponernos tapabocas, ya que en nuestro caso, los utilizamos para evitar los olores de una sociedad apática, enmohecida y descompuesta.
El virus nos terminó afectando a todos. Se fue inoculando en forma lenta, constante, devastadora. La fiebre de nuestra indiferencia se volvió crónica y, lo peor, para esa enfermedad social, no hay vacuna que pueda salvarnos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
