Por Juan Antonio Ruiz Romero
Con mucho tino, un experto en multimedia aseguraba que “colgar la información personal en una red social como Facebook, era similar a ubicar una valla con todos tus datos en la mitad de una gigantesca autopista”.
El auge desbordado en internet de “redes sociales”, como han terminado denominándolas, llevó a que miles de personas se registraran porque “•está de moda”, “facilita la comunicación” o “porque todo el mundo habla de eso y uno no se puede quedar atrás”.
El gran inconveniente es que, en el momento del registro nadie lee las cláusulas ni la letra pequeña del contrato. Ahora resulta que distintas organizaciones de consumidores reaccionaron indignadas porque “Facebook adquiría el derecho a usar libremente todo lo publicado por sus miembros, incluso cuando éstos ya se han dado de baja”.
La razón es apenas lógica: todos sus datos personales, familiares, fotografías, videos, comentarios y hasta sus romances, coqueteos y desilusiones, se convierten en parte de la base de datos de la red, la cual ya tiene 175 millones de usuarios en el mundo y se reserva el derecho de utilizarlos, como a bien tenga y en cualquier momento.
Vale la pena recordar que en este mundo no hay nada gratuito. La fortaleza de una red social, de un motor de búsqueda, de una página web o de un proveedor de correo electrónico es el número de usuarios. Esa base de datos, con edades, sexo, perfiles del usuario, formación académica, actividad laboral, nivel de ingresos y capacidad adqui$itiva vale una fortuna.
Mientras usted navega inocentemente, chatea con sus amigos aquí y allá, responde un e-mail, ingresa a una página web de noticias o deportes, paga los servicios públicos, cuelga las fotos de sus vacaciones, escribe comentarios sobre el presidente de su país, está dejando en la red su “huella digital virtual” de gustos, tendencias y afinidades, que son materia prima para agencias publicitarias, proveedores de bienes y servicios y hasta campañas políticas.
Y como si fuera poco, aparece “Latitude” el nuevo servicio de Google “que permite localizar, con el GPS de su teléfono móvil y cartografía digital, a los contactos suyos en todo momento”. Para algunos padres de familia sobreprotectores y novios celosos, la nueva herramienta parecería perfecta. Sin embargo, como ya se ha visto en otros casos, podría tener usos nefastos para facilitar el seguimiento de una persona, secuestrarla y hasta para atentar contra ella.
Alonso Hurtado, un abogado español experto en nuevas tecnologías, asegura que Latitude tendrá muchos más usos en un futuro: "Servirá para hacer una publicidad más localizada, relacionada con el sitio en dónde estemos".
Como quién dice, si saben que voy por la avenida Circunvalar, me llegan al celular, mensajes y ofertas promocionales de los restaurantes y negocios de ese sector.
Ya que la tecnología entró sin preguntar a nuestras vidas, bien vale que vayamos pensando cómo la utilizamos mejor, antes de que ella nos siga utilizando a su antojo.
miércoles, 18 de febrero de 2009
domingo, 15 de febrero de 2009
"Errores de buena fe"
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 12 de febrero
En el capítulo Cuarto, artículo 83, de la Constitución Política de Colombia se establece que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones…”
Cuándo uno escucha los testimonios de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y del periodista-garante Daniel Samper, acerca de las dificultades y desconfianza que generó la presencia de aviones militares alrededor del sitio de la entrega de secuestrados por parte de las Farc, uno se pregunta si realmente cabe la declaración oficial del ministro de Defensa Juan Manuel Santos de que “los sobrevuelos fueron un error de buena fe”.
Tan de buena fe, como la utilización indebida del peto de la Cruz Roja Internacional por uno de los oficiales participantes en la Operación Jaque que, según declaración del presidente Uribe, “se puso nervioso al ver tanto guerrillero y temiendo por su vida sacó de su bolsillo un pedazo de tela con el emblema y se lo colocó sobre el chaleco”.
A mi me da la impresión, de que escudados en ese principio general del Derecho, se quiere explicar en nuestro país, la incapacidad de muchas de nuestras autoridades, líderes y dirigentes políticos, sociales, empresariales, de asumir las responsabilidades que les corresponden.
Quisiera compartir algunas noticias recientes con los lectores, para que cada quién defina si hubo o no “errores de buena fe” en cada uno de los casos.
Dentro de un calabozo en la estación de policía del barrio Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, cuatro uniformados rociaron con gasolina y quemaron a dos jóvenes de 14 años de edad como castigo por mal comportamiento.
El viernes pasado, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, ordenó indemnizar con cien millones de pesos a dos jóvenes negras, a quienes, por su color de piel, se les negó el ingreso a dos discotecas ubicadas en un exclusivo sector de esa ciudad.
Hace una semana, nos informaban de un joven de Valledupar que por comprar 14 discos compactos piratas fue condenado a 48 meses de arresto por violar los derechos de autor.
Cuándo se revisa que la condena por comprar o vender música en la calle, es similar a la impuesta por lavado de activos a dos de los directivos de DMG o a las penas de cárcel de los congresistas vinculados con la parapolítica; uno termina pensando, eso sí -de buena fe- que es más grave conseguir en los andenes los éxitos de Johnny Rivera que ser testaferro del narcotráfico, cómplice de una defraudación masiva o compañero de andanzas de Salvatore Mancuso.
En el capítulo Cuarto, artículo 83, de la Constitución Política de Colombia se establece que “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones…”
Cuándo uno escucha los testimonios de los delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja y del periodista-garante Daniel Samper, acerca de las dificultades y desconfianza que generó la presencia de aviones militares alrededor del sitio de la entrega de secuestrados por parte de las Farc, uno se pregunta si realmente cabe la declaración oficial del ministro de Defensa Juan Manuel Santos de que “los sobrevuelos fueron un error de buena fe”.
Tan de buena fe, como la utilización indebida del peto de la Cruz Roja Internacional por uno de los oficiales participantes en la Operación Jaque que, según declaración del presidente Uribe, “se puso nervioso al ver tanto guerrillero y temiendo por su vida sacó de su bolsillo un pedazo de tela con el emblema y se lo colocó sobre el chaleco”.
A mi me da la impresión, de que escudados en ese principio general del Derecho, se quiere explicar en nuestro país, la incapacidad de muchas de nuestras autoridades, líderes y dirigentes políticos, sociales, empresariales, de asumir las responsabilidades que les corresponden.
Quisiera compartir algunas noticias recientes con los lectores, para que cada quién defina si hubo o no “errores de buena fe” en cada uno de los casos.
Dentro de un calabozo en la estación de policía del barrio Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, cuatro uniformados rociaron con gasolina y quemaron a dos jóvenes de 14 años de edad como castigo por mal comportamiento.
El viernes pasado, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena, ordenó indemnizar con cien millones de pesos a dos jóvenes negras, a quienes, por su color de piel, se les negó el ingreso a dos discotecas ubicadas en un exclusivo sector de esa ciudad.
Hace una semana, nos informaban de un joven de Valledupar que por comprar 14 discos compactos piratas fue condenado a 48 meses de arresto por violar los derechos de autor.
Cuándo se revisa que la condena por comprar o vender música en la calle, es similar a la impuesta por lavado de activos a dos de los directivos de DMG o a las penas de cárcel de los congresistas vinculados con la parapolítica; uno termina pensando, eso sí -de buena fe- que es más grave conseguir en los andenes los éxitos de Johnny Rivera que ser testaferro del narcotráfico, cómplice de una defraudación masiva o compañero de andanzas de Salvatore Mancuso.
jueves, 5 de febrero de 2009
Regresando a sus orígenes
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 5 de febrero de 2009
Tuvieron que transcurrir 469 años para que los habitantes de Cartago retomaran el camino hacia su propia historia.
A finales de julio o a principios de agosto de 1540, dependiendo de los cronistas, el Mariscal Jorge Robledo escogió para fundar la Villa de Cartago, una zona privilegiada que el mismo describió: "Asentada entre dos ríos en un asiento muy llano; hay muchas tierras y muy buenas, donde los cristianos tienen sus granjerías e labranzas; é a tres leguas de allí tienen muy grandes sabanas para criaderos de ganados...".
Esa tierra ondulada, fértil, de clima templado, rica en oro, fuentes hídricas, guaduales y propicia para los cultivos y la ganadería era Pereira. El nuevo asentamiento fue duramente atacado por las comunidades nativas de la familia Quimbaya, que vivían confederadas y distribuidas en por lo menos 80 cacicazgos. Por esa hostilidad de los aborígenes, el viejo Cartago fue reubicado 150 años después a orillas del río La Vieja, en el sitio que ocupa en la actualidad.
Ahora los cacicazgos son otros. Pero, como resultado de los mismo procesos centralistas, de desigualdad en la toma de decisiones y en la asignación de recursos que hace cuatro décadas desembocaron en la creación de los departamentos de Quindío y Risaralda, vuelven a surgir en Cartago y en varias municipalidades del norte del Valle, las voces, cada vez más organizadas y coherentes, que proponen una reorganización territorial.
De acuerdo con los nexos geográficos, sociales, comerciales, culturales y económicos entre Cartago y Pereira y los existentes entre Sevilla y Caicedonia con Armenia, distintos sectores ciudadanos proponen la separación de esos municipios del departamento del Valle y su anexión a Risaralda y Quindío.
Razones de peso los acompañan. Llevan un año pidiendo cita con el gobernador Abadía, quién se olvidó de los pueblos del Valle que existen al norte de Tuluá.
Porque si bien la infraestructura física, sanitaria y de servicios públicos del Valle es bastante aceptable, la crisis de empleo generada por la guerra al narcotráfico y a los negocios legales de los capos destapó la descomposición social, las inequidades y la miseria sobre la cual se había construido la otrora bonanza alrededor de los cultivos de caña de azúcar, sorgo y hatos ganaderos.
El debate sobre una posible anexión de Cartago a Risaralda hasta ahora comienza. Allí también habrá celos, intereses y sobre todo necesidades insatisfechas, porque eso es lo que acompaña la proclama independentista de la Villa de Robledo.
Sin embargo, algo que me encantaría de la anexión de Cartago es que tendrían que quitar el peaje que hoy nos separa de Puerto Caldas y del Valle del Cauca.
Tuvieron que transcurrir 469 años para que los habitantes de Cartago retomaran el camino hacia su propia historia.
A finales de julio o a principios de agosto de 1540, dependiendo de los cronistas, el Mariscal Jorge Robledo escogió para fundar la Villa de Cartago, una zona privilegiada que el mismo describió: "Asentada entre dos ríos en un asiento muy llano; hay muchas tierras y muy buenas, donde los cristianos tienen sus granjerías e labranzas; é a tres leguas de allí tienen muy grandes sabanas para criaderos de ganados...".
Esa tierra ondulada, fértil, de clima templado, rica en oro, fuentes hídricas, guaduales y propicia para los cultivos y la ganadería era Pereira. El nuevo asentamiento fue duramente atacado por las comunidades nativas de la familia Quimbaya, que vivían confederadas y distribuidas en por lo menos 80 cacicazgos. Por esa hostilidad de los aborígenes, el viejo Cartago fue reubicado 150 años después a orillas del río La Vieja, en el sitio que ocupa en la actualidad.
Ahora los cacicazgos son otros. Pero, como resultado de los mismo procesos centralistas, de desigualdad en la toma de decisiones y en la asignación de recursos que hace cuatro décadas desembocaron en la creación de los departamentos de Quindío y Risaralda, vuelven a surgir en Cartago y en varias municipalidades del norte del Valle, las voces, cada vez más organizadas y coherentes, que proponen una reorganización territorial.
De acuerdo con los nexos geográficos, sociales, comerciales, culturales y económicos entre Cartago y Pereira y los existentes entre Sevilla y Caicedonia con Armenia, distintos sectores ciudadanos proponen la separación de esos municipios del departamento del Valle y su anexión a Risaralda y Quindío.
Razones de peso los acompañan. Llevan un año pidiendo cita con el gobernador Abadía, quién se olvidó de los pueblos del Valle que existen al norte de Tuluá.
Porque si bien la infraestructura física, sanitaria y de servicios públicos del Valle es bastante aceptable, la crisis de empleo generada por la guerra al narcotráfico y a los negocios legales de los capos destapó la descomposición social, las inequidades y la miseria sobre la cual se había construido la otrora bonanza alrededor de los cultivos de caña de azúcar, sorgo y hatos ganaderos.
El debate sobre una posible anexión de Cartago a Risaralda hasta ahora comienza. Allí también habrá celos, intereses y sobre todo necesidades insatisfechas, porque eso es lo que acompaña la proclama independentista de la Villa de Robledo.
Sin embargo, algo que me encantaría de la anexión de Cartago es que tendrían que quitar el peaje que hoy nos separa de Puerto Caldas y del Valle del Cauca.
miércoles, 28 de enero de 2009
Desigualdades capitales
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 29 de enero de 2009
Bogotá es una ciudad con una maravillosa evolución en los últimos años. De ser el “helado castigo” para miles de personas que buscaban opciones laborales, de ingreso y vida pasó a convertirse en destino turístico, modelo en procesos de cultura ciudadana y piloto para proyectos de transporte masivo y movilidad urbana.
Bogotá, a pesar de muchos inconvenientes, logró descubrir su encanto y acercarlo al corazón de los ciudadanos que se creyeron el cuento de estar “2.600 metros más cerca de las estrellas”.
Hasta ahí, todo está bien. Lo que no es justo –y debo advertir que nací en Bogotá- es que las miradas, los programas, las políticas y hasta las recompensas que definen las autoridades son un ejemplo de exclusión, centralismo y una discriminación indignante.
El martes 13 de enero pasado, mientras el presidente Alvaro Uribe recibía en Washington la Orden de la Libertad “por su liderazgo en la lucha contra los grupos armados ilegales”; uno de esos grupos armados: las FARC atacaba, con cilindros de gas y granadas de mortero, al municipio nariñense de Roberto Payán, ocasionado la muerte a tres niños y a tres adultos, heridas a 10 más y la destrucción de veinte viviendas.
Ese día no hubo pronunciamiento presidencial desde la capital estadounidense. A duras penas, un escueto y protocolario comunicado del ministro delegatario en funciones presidenciales en donde repudia el acto terrorista; “hace llegar sus sentimientos de solidaridad a las familias de los muertos y heridos”-pero no menciona ningún tipo de apoyo económico o reparación- y asegura que “La Fuerzas Militares tienen controlada la situación y emprendieron acciones para perseguir y capturar a los responsables de este execrable crimen”.
Ese atentado, que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia “refleja un desprecio por la vida, integridad y libertad de la población de Roberto Payán y un total desconocimiento de las normas del derecho internacional humanitario”; no mereció, tan siquiera, que el gobierno colombiano anunciara una recompensa o el envío de un batallón contraguerrilla para buscar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad, que aún se mantiene en la impunidad. Y eso que estamos en el gobierno de la seguridad democrática.
En cambio, cuando el atentado- que igual merece repudio y condena- sacude la zona rosa de Bogotá, de inmediato, se movilizan todos los estamentos del poder que se concentran en la capital y fuera de ella: el alcalde mayor, que con el brillo intelectual que lo caracteriza y después de ver la estela de muerte y destrucción que dejó la acción terrorista, revela que “estamos frente a un hecho criminal”.
El Ministro de Defensa, que, como en anteriores oportunidades, de inmediato acusa a las FARC por el delito de sospecha y anuncia la creación “de una estructura conjunta de inteligencia con Ejército, Policía, DAS y Fiscalía, para activar de manera permanente con cada sector de la economía la identificación de casos de extorsión y en la captura de los extorsionistas”.
El Ministro del Interior, que, coincidencialmente, está de nuevo en funciones presidenciales, convocando un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Casa de Nariño y anunciando “cien millones de pesos de recompensa a las personas que con su información contribuyan a la captura de los criminales”.
Y el mismo Jefe del Estado, enviando un comunicado desde París, anunciando que “Acción Social de la Presidencia acudirá con los bancos del Estado a apoyar a las víctimas, a sus familiares y también a dar soporte a la reparación de daños en apartamentos y locales comerciales” y recordando que “Bogotá llora pero no se rinde”.
Quisiera creer, por los habitantes de Roberto Payán y del resto del país, que la celeridad en las acciones y los anuncios de las autoridades con respecto al atentado en Bogotá, corresponde a su capacidad de gestión y no solo a las frías cifras del censo electoral.
Bogotá es una ciudad con una maravillosa evolución en los últimos años. De ser el “helado castigo” para miles de personas que buscaban opciones laborales, de ingreso y vida pasó a convertirse en destino turístico, modelo en procesos de cultura ciudadana y piloto para proyectos de transporte masivo y movilidad urbana.
Bogotá, a pesar de muchos inconvenientes, logró descubrir su encanto y acercarlo al corazón de los ciudadanos que se creyeron el cuento de estar “2.600 metros más cerca de las estrellas”.
Hasta ahí, todo está bien. Lo que no es justo –y debo advertir que nací en Bogotá- es que las miradas, los programas, las políticas y hasta las recompensas que definen las autoridades son un ejemplo de exclusión, centralismo y una discriminación indignante.
El martes 13 de enero pasado, mientras el presidente Alvaro Uribe recibía en Washington la Orden de la Libertad “por su liderazgo en la lucha contra los grupos armados ilegales”; uno de esos grupos armados: las FARC atacaba, con cilindros de gas y granadas de mortero, al municipio nariñense de Roberto Payán, ocasionado la muerte a tres niños y a tres adultos, heridas a 10 más y la destrucción de veinte viviendas.
Ese día no hubo pronunciamiento presidencial desde la capital estadounidense. A duras penas, un escueto y protocolario comunicado del ministro delegatario en funciones presidenciales en donde repudia el acto terrorista; “hace llegar sus sentimientos de solidaridad a las familias de los muertos y heridos”-pero no menciona ningún tipo de apoyo económico o reparación- y asegura que “La Fuerzas Militares tienen controlada la situación y emprendieron acciones para perseguir y capturar a los responsables de este execrable crimen”.
Ese atentado, que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia “refleja un desprecio por la vida, integridad y libertad de la población de Roberto Payán y un total desconocimiento de las normas del derecho internacional humanitario”; no mereció, tan siquiera, que el gobierno colombiano anunciara una recompensa o el envío de un batallón contraguerrilla para buscar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad, que aún se mantiene en la impunidad. Y eso que estamos en el gobierno de la seguridad democrática.
En cambio, cuando el atentado- que igual merece repudio y condena- sacude la zona rosa de Bogotá, de inmediato, se movilizan todos los estamentos del poder que se concentran en la capital y fuera de ella: el alcalde mayor, que con el brillo intelectual que lo caracteriza y después de ver la estela de muerte y destrucción que dejó la acción terrorista, revela que “estamos frente a un hecho criminal”.
El Ministro de Defensa, que, como en anteriores oportunidades, de inmediato acusa a las FARC por el delito de sospecha y anuncia la creación “de una estructura conjunta de inteligencia con Ejército, Policía, DAS y Fiscalía, para activar de manera permanente con cada sector de la economía la identificación de casos de extorsión y en la captura de los extorsionistas”.
El Ministro del Interior, que, coincidencialmente, está de nuevo en funciones presidenciales, convocando un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Casa de Nariño y anunciando “cien millones de pesos de recompensa a las personas que con su información contribuyan a la captura de los criminales”.
Y el mismo Jefe del Estado, enviando un comunicado desde París, anunciando que “Acción Social de la Presidencia acudirá con los bancos del Estado a apoyar a las víctimas, a sus familiares y también a dar soporte a la reparación de daños en apartamentos y locales comerciales” y recordando que “Bogotá llora pero no se rinde”.
Quisiera creer, por los habitantes de Roberto Payán y del resto del país, que la celeridad en las acciones y los anuncios de las autoridades con respecto al atentado en Bogotá, corresponde a su capacidad de gestión y no solo a las frías cifras del censo electoral.
Un monumento a las faltas
Por Juan Antonio Ruiz Romero
Faltó sinceridad. Faltó comunicación. Faltó elegancia. Faltó respeto por un símbolo de la ciudad. Faltó autoridad y, lo peor, faltó la reacción de la comunidad pereirana.
Esta semana, un completo informe periodístico y el editorial del periódico La Tarde volvieron a recordar lo que, bien podría ser, el nombre de una novela de intriga o de una recursiva tesis de grado: “Los extraños e intrincados secretos de la construcción de un complejo comercial contiguo al Monumento a los Fundadores”.
Vamos a revisar cuáles fueron algunos de los insumos de esta cadena de faltas. Faltó sinceridad del propietario del lote y del constructor. Ellos, en lugar de buscar un acuerdo, que permitiera el aprovechamiento del espacio público alrededor del monumento, se propusieron desde el principio eludir la norma de la Curaduría Urbana y lograr la licencia de construcción a como diera lugar. Luego, procedieron, con todo tipo de argucias, a transformar un inmueble con parqueadero, en 5 locales distintos.
En varios sitios, en Colombia y en el mundo, es común ver que las plazoletas, parques y sitios emblemáticos, cuentan con un entorno de actividad comercial: cafés, restaurantes, bares y dichos sitios apadrinan el lugar; lo cuidan, lo preservan. Aquí no ocurrió eso. Faltó comunicación y primó el beneficio de unos particulares, que volvieron discoteca el parqueadero y orinal el monumento del maestro Rodrigo Arenas. Faltó elegancia, faltó buen gusto y, sobre todo, faltó que se hicieran cumplir las normas.
Porque buena parte del debate se centra en que faltó autoridad. Es más, nunca hubo. ¿Dónde estaban la Secretaría de Gobierno, Control Físico, el Comité de Defensa del patrimonio, las mismas Curadurías, la Personería? Faltó entender que la autoridad se impone no solo con la fuerza, sino con la razón, con los argumentos, con la ley.
También creo que a la familia Jaramillo le faltó escuchar. Es cierto que, por escritura pública se estableció el muro para proteger el monumento. Pero también, las realidades cambian y frente a hechos cumplidos, faltó construir un acuerdo, una salida, en dónde, más allá de las razones individuales, se preserve para la ciudad, la escultura, en su majestuosidad y con condiciones de mantenimiento y cuidado adecuadas.
A nosotros, como medios de comunicación, como periodistas, nos faltó mucho mayor olfato, seguimiento y capacidad para entender la forma ligera, acomodada, individualista con que se maneja el “desarrollo urbanístico e inmobiliario de Pereira”, por encima del patrimonio, la historia y la cultura, que según parece, no merecen mucha consideración por parte de nuestras autoridades.
Y a la desidia estatal y la codicia privada, tenemos que sumarle la falta de interés e indiferencia ciudadana. Con excepción de unos pocos, la suerte del Monumento a los Fundadores y el muro de la discordia se observaba como un problema ajeno, de los demás, que no tenía que ver con nosotros. O sea, falta de sentido de pertenencia. ¿Qué más nos haría falta?
Faltó sinceridad. Faltó comunicación. Faltó elegancia. Faltó respeto por un símbolo de la ciudad. Faltó autoridad y, lo peor, faltó la reacción de la comunidad pereirana.
Esta semana, un completo informe periodístico y el editorial del periódico La Tarde volvieron a recordar lo que, bien podría ser, el nombre de una novela de intriga o de una recursiva tesis de grado: “Los extraños e intrincados secretos de la construcción de un complejo comercial contiguo al Monumento a los Fundadores”.
Vamos a revisar cuáles fueron algunos de los insumos de esta cadena de faltas. Faltó sinceridad del propietario del lote y del constructor. Ellos, en lugar de buscar un acuerdo, que permitiera el aprovechamiento del espacio público alrededor del monumento, se propusieron desde el principio eludir la norma de la Curaduría Urbana y lograr la licencia de construcción a como diera lugar. Luego, procedieron, con todo tipo de argucias, a transformar un inmueble con parqueadero, en 5 locales distintos.
En varios sitios, en Colombia y en el mundo, es común ver que las plazoletas, parques y sitios emblemáticos, cuentan con un entorno de actividad comercial: cafés, restaurantes, bares y dichos sitios apadrinan el lugar; lo cuidan, lo preservan. Aquí no ocurrió eso. Faltó comunicación y primó el beneficio de unos particulares, que volvieron discoteca el parqueadero y orinal el monumento del maestro Rodrigo Arenas. Faltó elegancia, faltó buen gusto y, sobre todo, faltó que se hicieran cumplir las normas.
Porque buena parte del debate se centra en que faltó autoridad. Es más, nunca hubo. ¿Dónde estaban la Secretaría de Gobierno, Control Físico, el Comité de Defensa del patrimonio, las mismas Curadurías, la Personería? Faltó entender que la autoridad se impone no solo con la fuerza, sino con la razón, con los argumentos, con la ley.
También creo que a la familia Jaramillo le faltó escuchar. Es cierto que, por escritura pública se estableció el muro para proteger el monumento. Pero también, las realidades cambian y frente a hechos cumplidos, faltó construir un acuerdo, una salida, en dónde, más allá de las razones individuales, se preserve para la ciudad, la escultura, en su majestuosidad y con condiciones de mantenimiento y cuidado adecuadas.
A nosotros, como medios de comunicación, como periodistas, nos faltó mucho mayor olfato, seguimiento y capacidad para entender la forma ligera, acomodada, individualista con que se maneja el “desarrollo urbanístico e inmobiliario de Pereira”, por encima del patrimonio, la historia y la cultura, que según parece, no merecen mucha consideración por parte de nuestras autoridades.
Y a la desidia estatal y la codicia privada, tenemos que sumarle la falta de interés e indiferencia ciudadana. Con excepción de unos pocos, la suerte del Monumento a los Fundadores y el muro de la discordia se observaba como un problema ajeno, de los demás, que no tenía que ver con nosotros. O sea, falta de sentido de pertenencia. ¿Qué más nos haría falta?
La nueva EPS del viejo país
Por Juan Antonio Ruiz Romero
El 30 de julio del año pasado, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez recibió un carné gigante, a través del cual se convirtió en el primer afiliado a la Nueva EPS.
En esa ocasión, el jefe del Estado aseguró: “Aquí va a tener el país un gran experimento para observar. Qué bueno, pues, que nazca esta EPS, y nos van a exigir mucho. Nace una EPS con cero integración vertical. O sea que no va a tener una sola clínica de su propiedad, no va a tener un solo centro de atención básico de su propiedad. Todo será contratado con terceros. Esperemos que esa independencia, frente a los centros de atención básica, frente a las clínicas, con las cuales va a contratar, le dé toda la autoridad, todo el músculo, toda la palanca, para exigirles la mejor calidad, la más pronta atención y las mejores tarifas”.
Al cumplirse los primeros cinco meses de operación, el usuario percibe aciertos en la nueva estructura de operación y deseos de mejorar; pero, a la vez, deficiencias en la prestación del servicio, incomodidad locativa en la sede de la Avenida 30 de agosto y, sobre todo, largas colas para solicitar exámenes o citas con el especialista.
Pero tal vez, el problema más crítico ha sido el manejo de la base de datos. Aunque en los elementos promociponales de la Nueva EPS se hablaba de “tecnología de última generación, a través del centro de cómputo, que estará conectado en línea y en tiempo real”, tanta belleza se quedó solo en los textos publicitarios.
Recientemente en Pereira, un pensionado y su esposa sufrieron la indecible para ser atendidos por Urgencias y tuvieron que pagar de su bolsillo los gastos del servicio, ya que “no aparecen en el Sistema”. Luego de tocar muchas puertas y buscar en numerosas pantallas se encontraron con qué aparecían registrados en Comfenalco Antioquia, aunque esas personas nunca vivieron ni trabajaron en ese departamento. Mediante una tutela, un juez obligó a la Nueva EPS a resolver “el viejo problema” y pagar el 100 por ciento de los costos.
El problema es tan grave que el mismo presidente de la Nueva Eps Héctor Cadena lo reconoció en su balance de diciembre: “La actualización de datos de afiliados ha sido el proceso más complicado que hemos afrontado. Sin embargo, ya se ha logrado una depuración de dobles afiliaciones. Se espera que a enero de 2009 se tenga actualizada la base de datos en un 94 por ciento”. Pero no aprenden.
A mediados del año pasado, el Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía Cardona indicó que "Si la gente se duerme y no se cambia de EPS, no le pasa absolutamente nada porque nadie quedará desprotegido ni un solo minuto y todos seguirán recibiendo sus servicios. Nosotros vigilamos por eso", dijo.
Pues esperemos que vigilen y actúen. Esta semana, varias empresas están recibiendo la llamada desde un Call center ubicado en Bogotá, en donde les comunican, en forma perentoria, que a sus empleados afiliados a la Nueva EPS les quedó suspendida la atención en salud, porque el Seguro Social No reportó oportunamente el pago de los aportes en agosto de 2008. O sea, la responsabilidad de unos la terminan pagando otros y, lo que es peor, el más débil del eslabón: el paciente, a quién le violan su derecho fundamental a la salud.
Ojalá que el primer afiliado de la Nueva EPS y el locuaz Ministro de Protección Social conocieran de primera mano las arbitrariedades que se cometen con los afiliados que no están recibiendo la oferta misional de “una atención oportuna, pertinente, integral, humanizada y respetuosa”. Porque algunos afiliados, en tono socarrón, ya están diciendo que Nueva EPS quiere decir: Empresa Peor que el Seguro.
El 30 de julio del año pasado, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez recibió un carné gigante, a través del cual se convirtió en el primer afiliado a la Nueva EPS.
En esa ocasión, el jefe del Estado aseguró: “Aquí va a tener el país un gran experimento para observar. Qué bueno, pues, que nazca esta EPS, y nos van a exigir mucho. Nace una EPS con cero integración vertical. O sea que no va a tener una sola clínica de su propiedad, no va a tener un solo centro de atención básico de su propiedad. Todo será contratado con terceros. Esperemos que esa independencia, frente a los centros de atención básica, frente a las clínicas, con las cuales va a contratar, le dé toda la autoridad, todo el músculo, toda la palanca, para exigirles la mejor calidad, la más pronta atención y las mejores tarifas”.
Al cumplirse los primeros cinco meses de operación, el usuario percibe aciertos en la nueva estructura de operación y deseos de mejorar; pero, a la vez, deficiencias en la prestación del servicio, incomodidad locativa en la sede de la Avenida 30 de agosto y, sobre todo, largas colas para solicitar exámenes o citas con el especialista.
Pero tal vez, el problema más crítico ha sido el manejo de la base de datos. Aunque en los elementos promociponales de la Nueva EPS se hablaba de “tecnología de última generación, a través del centro de cómputo, que estará conectado en línea y en tiempo real”, tanta belleza se quedó solo en los textos publicitarios.
Recientemente en Pereira, un pensionado y su esposa sufrieron la indecible para ser atendidos por Urgencias y tuvieron que pagar de su bolsillo los gastos del servicio, ya que “no aparecen en el Sistema”. Luego de tocar muchas puertas y buscar en numerosas pantallas se encontraron con qué aparecían registrados en Comfenalco Antioquia, aunque esas personas nunca vivieron ni trabajaron en ese departamento. Mediante una tutela, un juez obligó a la Nueva EPS a resolver “el viejo problema” y pagar el 100 por ciento de los costos.
El problema es tan grave que el mismo presidente de la Nueva Eps Héctor Cadena lo reconoció en su balance de diciembre: “La actualización de datos de afiliados ha sido el proceso más complicado que hemos afrontado. Sin embargo, ya se ha logrado una depuración de dobles afiliaciones. Se espera que a enero de 2009 se tenga actualizada la base de datos en un 94 por ciento”. Pero no aprenden.
A mediados del año pasado, el Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía Cardona indicó que "Si la gente se duerme y no se cambia de EPS, no le pasa absolutamente nada porque nadie quedará desprotegido ni un solo minuto y todos seguirán recibiendo sus servicios. Nosotros vigilamos por eso", dijo.
Pues esperemos que vigilen y actúen. Esta semana, varias empresas están recibiendo la llamada desde un Call center ubicado en Bogotá, en donde les comunican, en forma perentoria, que a sus empleados afiliados a la Nueva EPS les quedó suspendida la atención en salud, porque el Seguro Social No reportó oportunamente el pago de los aportes en agosto de 2008. O sea, la responsabilidad de unos la terminan pagando otros y, lo que es peor, el más débil del eslabón: el paciente, a quién le violan su derecho fundamental a la salud.
Ojalá que el primer afiliado de la Nueva EPS y el locuaz Ministro de Protección Social conocieran de primera mano las arbitrariedades que se cometen con los afiliados que no están recibiendo la oferta misional de “una atención oportuna, pertinente, integral, humanizada y respetuosa”. Porque algunos afiliados, en tono socarrón, ya están diciendo que Nueva EPS quiere decir: Empresa Peor que el Seguro.
Despilfarrando la vida
Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 8 de enero de 2009
En medio de los abrazos, las uvas, el brindis y los buenos deseos, uno termina creyéndose, de verdad, que en el nuevo año el panorama va a ser diferente. Por ello, a pesar de los estragos del licor y el trasnocho, en la mayoría de rostros hay generosas sonrisas y los corazones se encuentran radiantes de esperanza.
Sin embargo, apenas transcurrida la primera semana de 2009, uno observa cómo, poco a poco, se desinflan las sonrisas y vuelven a rondar la angustia, la desazón y el desespero. Así usted sea muy optimista, no puede dejar de dolerse por la muerte de centenares de seres humanos, entre ellos decenas de niños, cuyo único delito fue nacer palestinos.
Y si esas muertes que bordean las 700 en solo 10 días nos llaman la atención, hay otras, menos notorias, más cotidianas, más cercanas, que se nos convirtieron en parte del paisaje: 753 homicidios, en 2008, en el departamento de Risaralda.
Fueron 753 personas, con historias de vida, necesidades, temores, ilusiones, para quienes se acabó el tiempo. En esos 753 casos, poco importa si fueron ajustes de cuentas, venganzas personales, actividades ilícitas, balas perdidas, equivocaciones, accidentes o “casos de intolerancia”, como han dado en llamarlos las autoridades.
Con esas 753 víctimas de las muertes violentas en Risaralda podríamos llenar el teatro municipal Santiago Londoño. El inconveniente es que sería una función silenciosa, adolorida, llena de porqués.
Esas 753 familias no olvidarán 2008, porque -como muchas otras a lo largo de la historia- quedaron marcadas por la tragedia nuestra de cada día.
En Guatemala, como resultado de las pandillas, “las maras” y el narcotráfico, se registraron 6.234 muertes violentas el año pasado y el gobierno formuló una estrategia para reducir dicha cifra.
En México, que vive la guerra entre y contra los carteles de la droga, estaban indignados porque la cifra de homicidios del año pasado fue de 5.600.
En Colombia, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Pedro Franco entregó esta semana la cifra global de homicidios: 15.215 personas, un 6,8% menos de las 16.318 muertes violentas de 2007. O sea que por cada asesinato en México hubo tres en Colombia.
Y aquí no pasa nada. Es una noticia menor y repetitiva, como el inconformismo con el salario mínimo; el alza de los peajes o los anuncios del gobierno de que este año si va a controlar los precios de matrículas y pensiones.
El hecho es que nos seguimos matando como si fuera un juego de video, en el cual nos quedaran varias vidas. La única diferencia es que en los juegos no hay lágrimas, ni viudas, ni huérfanos, ni sueños truncados y cuando quieran, lo pueden apagar.
En medio de los abrazos, las uvas, el brindis y los buenos deseos, uno termina creyéndose, de verdad, que en el nuevo año el panorama va a ser diferente. Por ello, a pesar de los estragos del licor y el trasnocho, en la mayoría de rostros hay generosas sonrisas y los corazones se encuentran radiantes de esperanza.
Sin embargo, apenas transcurrida la primera semana de 2009, uno observa cómo, poco a poco, se desinflan las sonrisas y vuelven a rondar la angustia, la desazón y el desespero. Así usted sea muy optimista, no puede dejar de dolerse por la muerte de centenares de seres humanos, entre ellos decenas de niños, cuyo único delito fue nacer palestinos.
Y si esas muertes que bordean las 700 en solo 10 días nos llaman la atención, hay otras, menos notorias, más cotidianas, más cercanas, que se nos convirtieron en parte del paisaje: 753 homicidios, en 2008, en el departamento de Risaralda.
Fueron 753 personas, con historias de vida, necesidades, temores, ilusiones, para quienes se acabó el tiempo. En esos 753 casos, poco importa si fueron ajustes de cuentas, venganzas personales, actividades ilícitas, balas perdidas, equivocaciones, accidentes o “casos de intolerancia”, como han dado en llamarlos las autoridades.
Con esas 753 víctimas de las muertes violentas en Risaralda podríamos llenar el teatro municipal Santiago Londoño. El inconveniente es que sería una función silenciosa, adolorida, llena de porqués.
Esas 753 familias no olvidarán 2008, porque -como muchas otras a lo largo de la historia- quedaron marcadas por la tragedia nuestra de cada día.
En Guatemala, como resultado de las pandillas, “las maras” y el narcotráfico, se registraron 6.234 muertes violentas el año pasado y el gobierno formuló una estrategia para reducir dicha cifra.
En México, que vive la guerra entre y contra los carteles de la droga, estaban indignados porque la cifra de homicidios del año pasado fue de 5.600.
En Colombia, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Pedro Franco entregó esta semana la cifra global de homicidios: 15.215 personas, un 6,8% menos de las 16.318 muertes violentas de 2007. O sea que por cada asesinato en México hubo tres en Colombia.
Y aquí no pasa nada. Es una noticia menor y repetitiva, como el inconformismo con el salario mínimo; el alza de los peajes o los anuncios del gobierno de que este año si va a controlar los precios de matrículas y pensiones.
El hecho es que nos seguimos matando como si fuera un juego de video, en el cual nos quedaran varias vidas. La única diferencia es que en los juegos no hay lágrimas, ni viudas, ni huérfanos, ni sueños truncados y cuando quieran, lo pueden apagar.
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