Desigualdades capitales

Por Juan Antonio Ruiz Romero, jueves 29 de enero de 2009

Bogotá es una ciudad con una maravillosa evolución en los últimos años. De ser el “helado castigo” para miles de personas que buscaban opciones laborales, de ingreso y vida pasó a convertirse en destino turístico, modelo en procesos de cultura ciudadana y piloto para proyectos de transporte masivo y movilidad urbana.

Bogotá, a pesar de muchos inconvenientes, logró descubrir su encanto y acercarlo al corazón de los ciudadanos que se creyeron el cuento de estar “2.600 metros más cerca de las estrellas”.

Hasta ahí, todo está bien. Lo que no es justo –y debo advertir que nací en Bogotá- es que las miradas, los programas, las políticas y hasta las recompensas que definen las autoridades son un ejemplo de exclusión, centralismo y una discriminación indignante.

El martes 13 de enero pasado, mientras el presidente Alvaro Uribe recibía en Washington la Orden de la Libertad “por su liderazgo en la lucha contra los grupos armados ilegales”; uno de esos grupos armados: las FARC atacaba, con cilindros de gas y granadas de mortero, al municipio nariñense de Roberto Payán, ocasionado la muerte a tres niños y a tres adultos, heridas a 10 más y la destrucción de veinte viviendas.

Ese día no hubo pronunciamiento presidencial desde la capital estadounidense. A duras penas, un escueto y protocolario comunicado del ministro delegatario en funciones presidenciales en donde repudia el acto terrorista; “hace llegar sus sentimientos de solidaridad a las familias de los muertos y heridos”-pero no menciona ningún tipo de apoyo económico o reparación- y asegura que “La Fuerzas Militares tienen controlada la situación y emprendieron acciones para perseguir y capturar a los responsables de este execrable crimen”.

Ese atentado, que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia “refleja un desprecio por la vida, integridad y libertad de la población de Roberto Payán y un total desconocimiento de las normas del derecho internacional humanitario”; no mereció, tan siquiera, que el gobierno colombiano anunciara una recompensa o el envío de un batallón contraguerrilla para buscar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad, que aún se mantiene en la impunidad. Y eso que estamos en el gobierno de la seguridad democrática.

En cambio, cuando el atentado- que igual merece repudio y condena- sacude la zona rosa de Bogotá, de inmediato, se movilizan todos los estamentos del poder que se concentran en la capital y fuera de ella: el alcalde mayor, que con el brillo intelectual que lo caracteriza y después de ver la estela de muerte y destrucción que dejó la acción terrorista, revela que “estamos frente a un hecho criminal”.

El Ministro de Defensa, que, como en anteriores oportunidades, de inmediato acusa a las FARC por el delito de sospecha y anuncia la creación “de una estructura conjunta de inteligencia con Ejército, Policía, DAS y Fiscalía, para activar de manera permanente con cada sector de la economía la identificación de casos de extorsión y en la captura de los extorsionistas”.

El Ministro del Interior, que, coincidencialmente, está de nuevo en funciones presidenciales, convocando un Consejo Extraordinario de Seguridad en la Casa de Nariño y anunciando “cien millones de pesos de recompensa a las personas que con su información contribuyan a la captura de los criminales”.

Y el mismo Jefe del Estado, enviando un comunicado desde París, anunciando que “Acción Social de la Presidencia acudirá con los bancos del Estado a apoyar a las víctimas, a sus familiares y también a dar soporte a la reparación de daños en apartamentos y locales comerciales” y recordando que “Bogotá llora pero no se rinde”.

Quisiera creer, por los habitantes de Roberto Payán y del resto del país, que la celeridad en las acciones y los anuncios de las autoridades con respecto al atentado en Bogotá, corresponde a su capacidad de gestión y no solo a las frías cifras del censo electoral.