En un rincón del alma

¿Cuánto vale un diputado?

Por Juan Antonio Ruiz Romero

Antes se distinguían como países desarrollados y subdesarrollados. Luego, alguien insinuó que los denominaran con la más elegante frase “en vías de desarrollo”. Lo cierto es que, antes y ahora, hay países del Primer mundo y otros del tercero, del cuarto, del quinto, del inframundo y hasta algunos países que vivimos en el infierno, aunque digan que ya no existe.
En esos países del Primer mundo, poco a poco se fue popularizando una idea que surgió en Suecia, por los años 60 y fue la de incentivar la maternidad y la paternidad. En Alemania, por ejemplo, para elevar la tasa de natalidad, el estado ofrece un subsidio de hasta 25 mil euros, alrededor de 75 millones de pesos, que se desembolsan durante dos años para costear los gastos de los hijos. En España, acaban de anunciar ayudas de 2.500 euros, unos 7 millones y medio de pesos, por cada hijo nuevo que tenga una familia con residencia legal en ese país. La medida se extenderá a los hijos "adoptados y acogidos".
Aquí, en Colombia, no pagan para promover la vida y los nacimientos. Todo lo contrario. Acá lo único que vale, y no siempre, es la muerte. Y no sólo como metáfora. Hace diez años, un cantante vallenato que cometió el delito de homicidio preterintencional de su admiradora Doris Adriana Niño, a quién mató con una sobredosis de cocaína y arrojó luego, en la vía Bogotá-Tunja, “ay, hombe”, el abominable crimen le costó 3 años y 7 meses de cárcel, al ser cobijado por la libertad condicional y $135 millones de pesos, por daños morales y materiales. Algo así como el costo de tres conciertos y “guepa jé” . Y la sanción moral no existe. En la radio siguen sonando sus canciones todos los días, hay tabernas que solo programan su música, los empresarios lo siguen contratando y los escándalos de sexo y drogas continúan. Casi como para escribir una canción.
Esta semana, el Consejo de Estado condenó al ministerio de Defensa a pagar 173 millones de pesos a la familia de un soldado, perteneciente a la Cuarta Brigada y quien murió en un accidente de tránsito en 1991, luego de ser obligado por sus superiores a conducir un camión, a pesar de haberles dicho que no sabía manejar. Inteligencia militar.
En una declaración, poco divulgada, el presidente Uribe aseveró el pasado fin de semana que en lugar de esperar las demandas contra la Nación por la muerte de los 11 diputados del Valle, lo mejor era lograr un acuerdo directo para la indemnización de las familias. Esa tarea le corresponderá a la consejería presidencial de Acción Social, la misma que resultó tan mal calificada en la atención de las familias en situación de desplazamiento de sus regiones. Es claro que para cualquier familia víctima de un hecho de violencia, es preferible un acuerdo directo con el Estado, para no caer en manos de los dadivosos abogados que les ofrecen el 20 por ciento en efectivo anticipado, y se quedan con el resto, cuando al cabo de los años, sale el fallo judicial.
Lo que sorprende en este caso es que para los familiares de los diputados del Valle se anuncia un acuerdo directo, sin intermediarios, sin vueltas. Y eso está bien. Lo que no está bien es que, entre tanto, miles de familias, víctimas de múltiples atropellos y violaciones de los derechos humanos por parte de las AUC, las FARC, el ELN y la fuerza pública, no tengan la posibilidad de un acuerdo directo que permita su reparación.
Así como hay países del Primer y del Tercer mundo, también hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta.

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