En un rincón del alma

Se les acabó el negocio

Por Juan Antonio Ruiz Romero
En otros países diferentes al nuestro, el servicio militar no solo es obligatorio, sino un honor que asumen los jóvenes al terminar sus estudios de secundaria. Incluso hay territorios, como Israel, en donde la obligatoriedad se extiende a las mujeres.
En Colombia no. Aunque llevamos más de medio siglo en una guerra interna sin sentido, acumulando muertes y dolores, y llevamos cinco años bajo la sombrilla protectora de la “seguridad democrática”, el servicio militar sigue siendo, como la justicia: “para los de ruana”.
Y la razón en sencilla. Es más fácil llevarse a prestar el servicio a jóvenes de los estratos populares, que a los “hijos de papi”. Eso si, con excepción del batallón Guardia Presidencial, del batallón Colombia en el Monte Sinaí y de los equipos deportivos de las Fuerzas Armadas, en donde es necesaria la presencia de uno que otro jovencito de estrato 4 o 5: estudioso, competente, bien presentado, para no parecer tan discriminatorios. Incluso, algunos hasta se ofrecen como voluntarios.
Con los demás, o sea los que no salían sorteados, eran hijos únicos o tenían alguna inhabilidad para prestar el servicio, era que hacían el negocio. Un negocio pulpito que le dejaba al Ejército Nacional 52 mil millones de pesos al año.
Era la denominada cuota de compensación militar, flamante nombre con el cual, a ojo, los oficiales de reclutamiento, decidían cuánto le correspondía pagar a cada familia, como contraprestación o indemnización al Ejército, por no haberse llevado a su muchacho a los cuarteles.
El negocio era tan elaborado que pedían todo tipo de documentos, incluso algunos que ellos mismos se inventaron, para justificar las cifras, entre exageradas y astronómicas que le cobraban, en especial a los bachilleres de los colegios clasificados como “ricos” por la inteligencia militar.
Copia de la declaración de renta de los padres o certificado de ingresos y retenciones, con sello de la Dian de que los datos eran ciertos, firmado por Contador Público titulado, con matrícula vigente y afiliado al Colegio u organización gremial que los agrupe.
Certificado de Catastro, no solo departamental sino también Nacional, para verificar que usted no tenga propiedades en el Vichada u otra region remota, como si uno fuera un senador de la República y no un asalariado. Dichos requisitos causaban risa hasta en los funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la Dian, que no entendían a quién se le ocurría solicitarlos y con qué propósitos.
Esta semana, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 22 de la Ley 48 de 1993 que establecía la denominada cuota de compensación militar, porque, en su concepto, violaba el principio de legalidad tributaria, ya que toda norma que establece un impuesto o una contribución debe señalar el valor, la base gravable y la tarifa que deben pagar los contribuyentes y en ese caso no se cumplía.
Razones de peso tendrá la Corte. En nombre de todos los que tuvimos que desfilar días enteros ante las oficinas de Reclutamiento, sacar y sacar papeles y hasta presentar derechos de petición para evitar cobros injustificados, debo repetir lo que decían las abuelas: - ¡No me alegro…pero siento un fresco!

ruizromeroja@hotmail.com