En un rincón del alma

El debido y lo indebido

Por Juan Antonio Ruiz Romero

A veces usted no sabe de qué va a escribir. En otras ocasiones, como esta semana, sucede lo contrario. Son tantos los temas, las historias y los protagonistas que el problema es priorizarlos o referirse solo a uno. Así es el ritmo desenfrenado de los sucesos en nuestro país…

Cómo no hablar de la ligereza del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, a quien parece que los micrófonos le hacen cosquillas y suelta la lengua. Es increíble ver cómo la cabeza del máximo organismo investigador sale a recitar nombres de personas y regiones comprometidas con la parapolítica, para horas más tarde, reconocer que son solo denuncias, para las cuales no hay ni siquiera apertura de investigación formal.

Más allá de que existan razones reales y un acervo probatorio para proceder contra las personas mencionadas, el procedimiento es muy tecnológico, pero igualmente inexplicable: Notificación judicial, mediante ondas hertzianas.

Señor Fiscal: “Debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez”.

Y qué decir del proyecto de la bancada peñalosista en el concejo de Bogotá de ubicar "los muros de la infamia" en 20 localidades capitalinas, con las fotos de los condenados por delitos sexuales contra niños. Enaltecedor, loable, digno de encomio.

Lo delicado es que existen varios antecedentes contraproducentes en Estados Unidos. “El escarnio público” que se busca en esos casos con la publicación de fotos y registro en Internet de los culpables, ha llevado a que varios de los violadores hayan sido asesinados por personas que los consideran una amenaza contra la sociedad.

A ese ritmo, deberíamos llenar los muros de las ciudades colombianas con las fotos de los funcionarios públicos pícaros que se roban los recursos para la salud, la educación, el agua potable y la seguridad alimentaria; con fotos a color y enmarcadas de los contratistas corruptos que se enriquecen de las administraciones estatales y luego cofinancian las campañas políticas y las fotos de los ladrones de cuello blanco y de los maestros de lo torcido.

Y si como anuncia el senador Gustavo Petro va a entregar una lista de dos mil personas, entre hacendados, políticos, comerciantes y sacerdotes, vinculados con el “avance del poder mafioso del paramilitarismo en Antioquia” lo más prudente sería alquilar la Plaza de Berrío, las estaciones del metro, las rejas del estadio Atanasio Girardot y los salones del Museo de Antioquia, para que quepan las fotos de los nuevos vinculados.

Todos queremos que se sepa la verdad lo que ha sucedido y aún sucede en el país. Todos queremos, como mínimo, que se aplique la ley a los culpables y exista una reparación real a las víctimas. Pero, en ese afán desenfrenado por buscar responsables, no es aceptable pasar por encima de los derechos fundamentales de los acusados. Porque pasaría lo mismo del tristemente célebre coronel Plazas Vega, quien consideró que la mejor forma de defender la democracia era entrar con tanquetas en el Palacio de Justicia, incendiarlo y sacrificar la vida de rehenes y captores.

ruizromeroja@hotmail.com